Esta decisión, adoptada el pasado viernes 20 de marzo, no viene sino a poner negro sobre blanco la sospecha de colectivos y organizaciones que desde hace años, y en base a estudios científicos varios, venimos denunciando el uso y el abuso de esta peligrosa sustancia por parte de las administraciones en espacios públicos de la Isla de Tenerife, en ocasiones de forma totalmente irresponsable y afectando a espacios privados e incluso directamente a viandantes.

Y si bien no se trata de crear ningún tipo de alarmismo que vaya más allá que del tantas veces reclamado -y tantas veces ignorado- 'principio de precaución', por el que todo aquello que pueda producir un daño (irreversible en este caso) es mucho mejor evitarlo cuando existen alternativas mucho más seguras, saludables e incluso más económicas (igual que ocurre en el caso de la incineradora de residuos). Pero la pregunta es si el Cabildo de Tenerife, fundamentalmente y como responsable del mantenimiento de las carreteras, hará caso o no esta vez al aviso lanzado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer o también los volverá a ignorar a ellos como lleva haciendo con nosotros desde hace un montón de años ya. He ahí la cuestión que esperemos que el ataque participativo que le ha entrado a Carlos Alonso en vísperas electorales consiga inclinar la balanza del lado del sentido común y, de este modo, no siga levitando a favor de los intereses de las multinacionales que comercializan este veneno para nuestra salud.