Al día siguiente contacta con la Plataforma a través de un correo electrónico donde explica lo sucedido y lo mal que se siente.
También nos muestra los mensajes de móvil con la conversación y el número de móvil del propietario, y nos expresa su deseo de que este asunto se sepa para que no le ocurra a ninguna otra mujer, que no llegue ninguna a verse obligada a ceder al acoso por imperiosa necesidad. Pero también nos pide que guardemos su identidad y el caso se denuncie sin aparecer ella con sus datos y filiación, debido, sobre todo a su situación de vulnerabilidad y precariedad manifiesta. Ella, es perfectamente entendible, no quiere enfrentarse al calvario, al coste en recursos que no tiene y a la exposición que supone denunciar a un señor por este asunto, un señor que tendrá más medios seguro que ella, más dinero, y mejor disposición.
El problema viene cuando contactamos con el Instituto Canario de la Mujer, con la Policía Nacional y con la Inspección de Trabajo, y en todos los sitios nos informan de la necesidad de que la afectada denuncie en primera persona con sus datos al supuesto acosador, de lo contrario nada se puede hacer.
Aunque entendemos la importancia de que las denuncias lleven nombres y apellidos, también entendemos que hay casos y casos, y cuando se trata de mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, como esta madre, creemos que el sistema debe tener mecanismos suficientes para investigar el asunto protegiendo debidamente a la afectada, que bastante tiene ya con llegar a fin de mes sin que le corten la luz, el agua o la echen de su casa por impago del alquiler.
En la plataforma entendemos que hay un vacío en estos casos, que propicia que individuos como el referido puedan acosar impunemente a madres en situación de necesidad, hasta que alguna accede a su oferta de acoso. A día de hoy, desconocemos qué estará pasando en ese bar, o si habrá el dueño contratado a alguna chica. Comentar también que al hilo de este asunto nos hemos puesto a recabar datos, y parece ser también práctica habitual que empresarios de hostelería contraten a prueba a trabajadores durante unas semanas, y finalmente no los acepten ni les paguen nada, después de que hayan estado trabajando durante aproximadamente un mes. Y así vuelta a empezar, y de esta manera tienen cubierto el servicio de camarero casi indefinidamente con trabajadores a prueba.
En definitiva, creemos que es importante que los organismos de inspección laboral, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las oficinas de defensa de la mujer desarrollen protocolos que prevean actuaciones para los casos que estamos relatando, sin necesidad de obligar a las víctimas en situación de extrema necesidad y vulnerabilidad a cargar con todo el peso de la denuncia, sin defensa y con los riesgos que ello implica.
Por tal motivo, en días futuros acudiremos a la Consejería de Trabajo, a la Subdelegación del Gobierno y a otras instituciones a dar cuenta de todo esto, con la idea de que se puedan evitar situaciones como la denunciada aquí en el futuro.
Plataforma por la Dignidad
