Quienes mienten son otros, y quedará demostrado donde debe demostrarse: en un juzgado, a pesar de que a veces estos no garanticen siquiera la tutela judicial de las personas, permitan su indefensión y a través de ellos se cometan injusticias. No lo demostraremos con la palabrería que caracteriza la prepotencia de quienes se creen impunes, sino con hechos. Gara dice la verdad, no ha podido recuperar sus cosas porque nunca quisieron devolverlas, castigo al pobre, en un procedimiento lleno de contradicciones, sinsentidos y prejuicios de quienes "lejos de tomarse la justicia por su mano" lo hicieron a través de otros. Quizá hubiera sido distinto para Gara si hubiera tenido familia en un juzgado o en alguna administración pública, quien sabe, quizás hubiera podido pedir algún favor y que todo fuera distinto: una ayuda, ganar tiempo para arreglar sus cosas, pero no, no tiene a nadie que la pueda ayudar dentro de ningún sitio, sólo la buena fe de quienes sí saben cómo hacer su trabajo. No vamos a aportar más datos hasta el juicio que se celebrará el 8 de septiembre a las 10:20 horas, en la Sala de Vistas número 14, primera planta, de Santa Cruz. Será entonces cuando se defienda de las acusaciones hechas públicamente contra ella y del escarnio público que pretenden hacer con un artículo de rectificación bien dirigido, acusándola de "descrédito público y privado" contra alguien a quien ni siquiera ha nombrado y de quien jamás ha desvelado su identidad, pero que se ceba con ella juzgándola por su perfil en redes sociales y su apariencia de no estar necesitada; criterios subjetivos llenos de prejuicios negativos más asociados a una distinción clara de clases: los pobres no deben sonreír. Esas personas que se atribuyen licencia para todo, hasta para inventar parejas y meterse en su vida sentimental y sexual, un recurso machista bastante utilizado cuando se pretende violentar a una mujer. Pero Gara contará con el apoyo de todas las personas que sí creemos en ella, y somos muchas. Por otro lado, decir que la administración pública no se ha pronunciado aún sobre el proceso legal mediante el cual estas personas adquieren esa vivienda pública, calificada de Protección Oficial y destinada a garantizar las necesidades de personas de colectivos más vulnerables por 523,73 euros. No se ha acreditado la validez del certificado supuestamente expedido por La Sociedad Benéfica de Construcción La Candelaria en una fecha en la que la misma ya no existía. Recordemos que desde nuestros colectivos se ha solicitado la investigación de estos hechos, y que se fiscalice y controle, el uso y la gestión de las viviendas públicas. Nos reiteramos en la afirmación de que este proceso ha sido bastante irregular y por supuesto en que hay pruebas que acreditan que un documento expedido por una sociedad que ya no existía, ha sido utilizado para adquirir una vivienda pública por un precio de risa y no ha sido hace treinta años como afirman los supuestos propietarios, si no, ¿por qué se oferta nuevamente en el 2007 algo que ya había sido comprado con anterioridad? Que presenten la escritura de compraventa otorgada entonces y el pago de la misma. La propia Subdelegada del Gobierno responde a uno de nuestros escritos, presentado el 2 de agosto, confirmando que La Sociedad Benéfica de Construcción La Candelaria "se encuentra extinguida desde el año 2003. De conformidad con el artículo 23 de los estatutos, sus órganos de administración quedaron también extinguidos y se inició la liquidación de la Sociedad por una Comisión Liquidadora facultada únicamente para acordar todo cuanto fuera conducente a la liquidación de la sociedad, y una vez concluida la liquidación elevar a escritura pública los acuerdos que se hubieran adoptado practicándose los oportunos asientos en los registros públicos de cambio de titularidad del patrimonio residual resultante de la liquidación del Patronato". Así que será la propia administración pública la que deba acreditar, como le hemos solicitado, si ese documento, aportado al registro de la propiedad para la inscripción de la finca a nombre de los supuestos propietarios, registrada desde el día 3 de agosto, es válido. Y de no serlo, estaríamos hablando, en principio, de un supuesto delito de falsificación por documentación pública, y que, de no recibir una contestación en un plazo prudente por parte de la administración pública, nuestros colectivos están dispuestos a emprender las acciones necesarias para que se investigue. Hay muchas Garas en nuestra tierra sufriendo indefensión, como hay muchos menores padeciendo esa misma indefensión. Demasiadas personas solas sufriendo en silencio, y todas merecen justicia social.

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA TENERIFE (PAH TENERIFE)

PLATAFORMA PRO DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE CANARIAS (DESC-CANARIAS),

PLATAFORMA 29"E"

ASOCIACIÓN DE VECINOS CHINCANAYRO

ASOCIACIÓN DENIPER

PLATAFORMA DE AFECTADOS POR VISOCAN

PLATAFORMA CIUDADANA MUÉVETE

PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LAS PENSIONES PÚBLICAS.