Entre las CCAA con mayor porcentaje del gasto sanitario dedicado a contratación con centros privados, Canarias, tras Cataluña, Madrid y Baleares destaca con un 7,3 %. Precisamente, es motivo de escándalo e indignación la concesión por el Gobierno de Canarias de la Medalla de Oro de Canarias en 2023 a los Hospitales San Roque, empresa privada que parasita a la Sanidad pública con la Oncología Radioterápica y la Medicina nuclear, ocupando incluso un amplio espacio del Hospital público Doctor Negrín.

La continuidad de cuidados para pacientes crónicos, dependientes y personas con diversidad funcional, no puede estar en manos de empresas lucrativas privadas que buscan el máximo beneficio, a costa de la calidad de la atención prestada así como de las condiciones de trabajo de su personal.
Últimamente, hemos venido señalando desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) los problemas que afectan a las personas mayores con dependencia y situación de precariedad socioeconómica familiar que, sin alternativa a dónde dirigirse, les impide de hecho salir de nuestros hospitales viendo vulnerados sus derechos sociales reconocidos en las legislaciones sanitaria y social. La misma situación afecta a personas con enfermedad mental y discapacidad, personas adultas con enfermedades degenerativas, niños y niñas enfermos en situación de semi-abandono o mujeres que sufren malos tratos, así como a personas con enfermedad y sin hogar etc. en una situación de abandono y precariedad inadmisible para una sociedad civilizada.

Desde el punto de vista de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, por su pésima gestión sanitaria y de salud pública, además de por su continua falta a la verdad.
Centrándonos en los datos de la pandemia y por aquello que decía León Trotski de que "Hay que analizar la mentira para llegar a la verdad", debemos empezar por decir que estamos aun en pandemia, tratarla con frivolidad solo nos puede llevar a complicarla, no porque lo digamos nosotros, la OMS hace unas semanas advirtió ante las desescaladas que se estaban produciendo en varios países europeos, que la pandemia no estaba controlada y que no había que descartar nuevas olas así como nuevas variantes, lo que es lógico si consideramos que las nuevas variantes se originan en los países con bajo nivel tanto de vacunación como de servicios sanitarios y de salud pública, situación que no está solucionada, ni mucho menos.

Un amplio conjunto de colectivos y organizaciones promueven una convocatoria estatal de la Coordinadora Anti privatizaciones de la Sanidad para que se deroguen las leyes privatizadoras (15/97 y artículo 90 de la LGS) y se rescate lo privatizado.
Como se recoge en el Manifiesto de los colectivos y organizaciones canarias participantes, el 9.3% del presupuesto público de Canarias para sanidad se destina a concertaciones con centros privados mientras padecemos un escaso desarrollo de los servicios sanitarios públicos, tanto en Atención Primaria, limitando la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad; como en la Atención Especializada donde la falta de recursos humanos y materiales condiciona el colapso de los Servicios de Urgencias y las insufribles Lista de Espera, factores que convierten al Servicio Canario de Salud en uno de los peores del Estado español.

Llama particularmente la atención el maltrato del que es objeto el Hospital Universitario de Canarias HUC.
Aunque se produce un incremento de 139 millones de euros hay que analizar si ese dinero está bien asignado y si por los antecedentes registrados va a estar bien gestionado. La mayoría de ese incremento irá a Atención Primaria y a Salud Pública que queda con una asignación de 35,5 millones, claramente insuficiente ya que aunque se sitúa por primera vez por encima del 1% (el 1,19%) está muy lejos del mínimo imprescindible que debe ser del 2,5% y con más razón en medio de una pandemia.

Hace un año, la Plataforma "Salvar al HUC" salía al paso de la preocupante situación del Hospital Universitario de Canarias (HUC) llamando a la realización de un esfuerzo especial por parte de la administración sanitaria, y al impulso movilizador conjunto de su personal y de la población atendida.

Porque un tercio de las listas de espera de toda Canarias tenían que ver de modo directo con la situación del HUC cuyo presupuesto es el más bajo de los 4 grandes hospitales de Canarias. Con un personal, sobrecargado con miles de horas extraordinarias, con falta de especialistas que llevó incluso al cierre de consultas. Con el mayor porcentaje de "deserción" hacia otros hospitales, públicos y privados, así como la proporción más elevada de personal a tiempo parcial haciendo "doblete" en el sector privado y además en la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermería.

Como si de un espectáculo de transformismo se tratara hemos asistido, con el telón de fondo de nada más y nada menos que una pandemia con su cohorte de sufrimiento, al enésimo ajuste a conveniencia politiquera en la Consejería de Sanidad de Canarias. Según parece han cambiado a un director del Servicio Canario de Salud, Alberto Pazos, que según los medios de comunicación no avalaba las irregularidades detectadas respecto a determinados gastos en la gestión derivada de la pandemia por otro director, Conrado Domínguez, que se atreve con todo. En realidad Conrado ya estaba en camino de regresar del todo al ser integrado por el Gobierno "de las flores", el pasado mes de marzo, en el Comité para la emergencia sanitaria de la Covid-19. Por tanto, no es ajeno a la mencionada gestión de la pandemia. Para la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) lo señalado constituye un auténtico escándalo, en cuanto a los principios democráticos y ya veremos cuánto se tarda en demostrar si también lo es respecto a la honestidad y ética en la administración pública.

Acaba de ver la luz el llamado Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias que, en lo que se refiere a los aspectos sanitarios, aunque en el papel contempla con acierto las prioridades para la Salud Pública y la Asistencia Sanitaria Públicas así como en relación con la Asistencia Sociosanitaria en nuestra Comunidad Autónoma, continúa situándose en los presupuestos de la llamada "colaboración público-privada" para "desarrollar las capacidades sanitarias". Por cierto, no sabemos si tener un Director del Servicio Canario de la Salud que dice la barbaridad de que "el coronavirus ya no está en las calles de Canarias" está comprendido dentro de las "capacidades sanitarias" para seguir desescalando.

El 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, y aunque evidentemente la situación no esta para muchas conmemoraciones en este terreno, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública queremos hacer algunas consideraciones en la actual situación de pandemia por el Covid19:

1. Primero que somos humanos y que la vida y la salud no están garantizadas y dependen de muchas circunstancias que no podemos controlar del todo y que son en parte impredecibles pero que están relacionadas con los cambios en el ecosistema que hemos producido nosotros mismos y de la globalización neoliberal que nos ha hecho mas vulnerables. La Organización Mundial de la salud lleva muchos años advirtiéndonos de la probable emergencia de pandemias sin que se hayan adoptado las medidas oportunas para prevenirlas y/o disminuir su impacto. Es necesario concienciarse de esta necesidad y cuando pase la actual pandemia no olvidarnos de ello.

En su comparecencia pública de ayer el Sr. Presidente Ángel Víctor Torres afirmó con rotundidad la disponibilidad de camas de UCI tanto públicas como privadas para atender a los pacientes afectados por coronavirus. Se sabe que la capacidad de ingreso en UCI define el riesgo de saturación del sistema sanitario y ante el dato manejado por el Sr. Presidente nos preguntamos hasta qué punto el Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias que él encabeza ha evaluado correctamente la situación real de esas camas en la privada ya que no es la misma que en el papel.