Por resolución de 7 de abril de 2014, publicada en el BOC el 9 de abril, "se efectúa delegación de competencias de contratación de los conciertos sociosanitarios con entidades privadas", cediendo la Dirección General de Dependencia de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda su responsabilidad en la provisión de servicios, que establece la Ley de Dependencia, y dándole carta blanca a la Consejería de Sanidad para el establecimiento pleno en Canarias de la atención sociosanitaria lucrativa privada a pacientes crónicos del Servicio Canario de la Salud.

Este era el destino final de las "polémicas declaraciones" de Paulino Rivero culpabilizando a las familias de dejar a sus familiares en los hospitales de Canarias, ocupando camas públicas de agudos con los consiguientes gastos para el SCS, y, sobre todo, perjudicando el negocio de las camas privadas ocupadas por pacientes crónicos del SCS. El objetivo era la concertación con dinero público de centros privados a los que además, conforme a la legislación impulsada por el gobierno central del PP, se les aplicará el régimen de copagos.

Los profesionales de Salud Mental pertenecientes al Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública quieren manifestar su posición sobre el Anteproyecto de la Ley del Aborto:
Un reciente informe de la OMS(1) constata que "La evidencia acumulada demuestra que la eliminación de las restricciones sobre el aborto produce una reduccióń de la mortalidad materna causada por el aborto inseguro y, en consecuencia, una disminución en el nivel global de mortalidad materna". Como sanitarios, socialmente encargados de la salud de la poblacióń, esto es lo primero que nos preocupa del Anteproyecto de Ley del Aborto. El cambio de la Ley de Plazos, vigente en la actualidad, por otra de Supuestos, lejos de disminuir el número de abortos, se constituye como un factor de riesgo para la vida y la salud de las mujeres, produciendo un aumento de morbilidad y mortalidad de las mujeres.

Las y los trabajadores y personas generalmente ocupadas que integramos el Foro, estamos interesados en abordar la ingente problemática de la salud y la sanidad en Canarias. Pero para lo que no estamos psicológicamente preparados es para afirmaciones del calibre de las realizadas por el insigne presidente Rivero, cuando afirma que el grave problema de la asistencia a los ancianos que han sido hospitalizados, ya que son enfermos crónicos, y que además son social y económicamente desfavorecidos, es una "cuestión cultural". Que es una "cuestión cultural" que las familias no tengan recursos ni para el copago farmacéutico ni para la alimentación adecuada, a pesar de renunciar los ancianos, en un 20 % de los casos, a la compra de los medicamentos, y que, diga lo que diga el Sr. Rivero, siguen siendo enfermos crónicos que precisan no solo alimentarse sino también seguir sus tratamientos.

Por más que se empeñen nuestras ineptas "autoridades sanitarias" en actuar como bomberos que corren a apagar fuegos, es el caso del auténtico colapso que sufren las urgencias hospitalarias en nuestro archipiélago, su responsabilidad en el mismo es más que patente.
La Consejería de Sanidad tomó en su día, durante el último semestre de 2012, la decisión política de retirar nada menos que 48.652 tarjetas sanitarias a sus titulares que redondeó con la bochornosa regulación para el acceso a los servicios sanitarios de Canarias por parte de los inmigrantes irregulares que muy pocos han podido cumplimentar.

La Consejería de Sanidad, anunció a los medios de comunicación social a principios del pasado mes de agosto el "borrador de anteproyecto del III Plan de Salud de Canarias". Tal hecho sorprendió a personal sanitario, colegios profesionales y colectivos de pacientes, familiares y usuarios, habida cuenta de que el presidente Rivero en su discurso de investidura, expresó la voluntad de que su gobierno fuera un gobierno participativo. Sin embargo aparece el mencionado "borrador" que ni siquiera era conocido por los propios gestores de los centros sanitarios donde lo han estado "presentando" durante el mes de septiembre.

EL Real Decreto Ley 16/2012 del Gobierno del Partido Popular ha supuesto la aplicación de una verdadera contrarreforma sanitaria que se establece en base a 5 aspectos: 1) retroceso del modelo sanitario universal hacia el modelo basado en el aseguramiento, 2) exclusión de los inmigrantes irregulares y colectivos vulnerables, 3) cambio de la cartera de servicios, 4) copagos y 5) cambios en la política del medicamento.

El presidente del gobierno canario, Sr. Paulino Rivero, acaba de anunciar y poner fecha a la apertura del HOSPITAL DEL SUR DE TENERIFE, cuando lo que tenemos y tendremos es un centro de atención especializada. A tres décadas de promesas y mentiras se les pone la guinda con un acuerdo entre el gobierno canario y el cabildo de Tenerife, con el aplauso de los ayuntamientos de la zona, que se anuncia como definitivo y que sólo es un capítulo más en la historia interminable de los hospitales comarcales.