El pasado 1 de enero de 2022 entró en vigor la última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11). Supone la consideración del síndrome de desgaste profesional ("burnout" en CIE-10) como un problema relacionado con el trabajo. Hasta esta revisión, el "burnout" estaba incluido entre los "problemas relacionados con la dificultad en el control de la vida" (Z73.0), dentro de la categoría genérica de "personas que entran en contacto con los servicios sanitarios en otras circunstancias".

Con la nueva clasificación, el síndrome de desgaste profesional se incluye en el capítulo 24: "Factores que influyen en el estado de salud o el contacto con los servicios de salud" dentro de la subcategoría de "problemas asociados con el empleo y el desempleo" y es codificado como QD85: Síndrome de desgaste ocupacional.

CSIF exige que las mascarillas sigan siendo obligatorias en todo el entorno escolar
El nuevo Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 crea desconcierto en los centros educativos y debería aclararse la nueva situación generada.

El desconcierto se atestigua por las quejas y consultas recibidas desde los centros docentes. En todo momento hemos priorizado la seguridad de la comunidad educativa y vemos con preocupación una nueva normativa que crea incertidumbre sobre el uso o no de las mascarillas en los patios, máxime cuando la vacunación de los menores de doce años no va con toda la celeridad que sería necesaria.

CSIF reclama a los grupos parlamentarios seguridad jurídica para evitar que los F reclama a los grupos parlamentarios seguridad jurídica paros procesos selectivoses tumbeDesde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios(CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclamamos a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que garanticen la seguridad jurídica en el proyecto de Ley sobre temporalidad para evitar que los Tribunales tumben los procesos selectivos y ocasionen más perjuicios al personal temporal.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios(CSIF) rechazamos el proyecto de reforma de las pensiones, porque supone un nuevo recorte a los derechos de las personas trabajadoras a acceder a la jubilación voluntaria, a partir de los 35 años de cotización, que podrían perder hasta 8.000 euros al año.

La reforma que plantea el Gobierno con el apoyo de Comisiones Obreras y UGT, en primer lugar, endurece la penalización a la jubilación voluntaria incrementando los coeficientes reductores en función de los años cotizados.

Las concentraciones de personas más frecuentes en los últimos meses tienen que ver con los llamados botellones. Si nos situamos en el contexto pandémico que estamos viviendo, en estos encuentros no se suelen respetar normas de ninguna clase, ya que pocos jóvenes usan mascarilla y prácticamente se suelen saltar a la torera las distancias de seguridad. Aparte de esto, no hay que olvidar el bullicio que se organiza y que impide el descanso de los vecinos de la plaza del pueblo o del barrio.
¿Acaso acude el concejal de turno a restablecer el orden? ¿Acaso acude el alcalde? ¿Acaso acude el ministro del Interior? ¿Acaso acude el consejero con competencias de seguridad? La respuesta a todas estas cuestiones en negativa: los que acuden son los cuerpos policiales, ya sean policías nacionales, guardias civiles, policías autonómicos o locales. Suelen ser recibidos a botellazos por algunos energúmenos y con insultos de todo tipo.

Han transcurrido prácticamente diez años desde la entrada en vigor del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, lo que viene a ser conocido como "el nacimiento de la regla del gasto en las administraciones públicas", regla que supuso entre otras cuestiones trágicas para los empleados públicos de Canarias, la reducción de sus salarios, el aumento de su jornada semanal, ser "castigados" en caso de sufrir una incapacidad temporal (baja médica) al reducir parte de su salario, o el ver paralizada cualquier aspiración profesional (movilidad horizontal y vertical). En estos diez años el crecimiento de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios(CSIF) ha sido el más espectacular de todos los sindicatos, tanto entre los sindicatos clásicos como entre los sindicatos más oportunistas que han crecido en los últimos tiempos gracias a jugar con las ilusiones de muchos empleados siendo su mayor arma sindical.

Los sindicatos más representativos a nivel nacional hemos hecho nuestro trabajo para frenar la temporalidad después de años de abuso y dejación por parte de los gobernantes.
Es hora de dar una solución a miles de personas que llevan años encadenando contratos temporales por la mala planificación en materia de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, favoreciendo la estabilización de su plaza con seguridad jurídica, para que los procesos selectivos no puedan verse truncados con posterioridad en los Tribunales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, emplaza al ministro de Política Territorial y Función Pública a impulsar sin más demora una reforma del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleo Público) para responder a la difícil situación que afrontan miles de interinos en fraude de ley en toda España.

En las últimas semanas nos estamos enterando por la prensa de las intenciones de las administraciones educativas de reducir la distancia de seguridad en las aulas y del posible incremento del número de alumnos por aula, circunstancia que llevaría al paro a los cerca de 40.000 docentes de refuerzo incorporados con motivo de la pandemia.
El enterarnos por los medios de comunicación de todo esto demuestra la falta de voluntad negociadora por parte del Ministerio de Educación.
En los últimos diez años, coincidiendo con la anterior crisis económica y los recortes en las CCAA, las plantillas se vieron mermadas con 16.922 docentes, empezando a recuperar parte de estos solo en el último curso.

El 1 de septiembre de 2017, en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, la Consejería de Educación y Universidades y las centrales sindicales representativas del profesorado de la enseñanza pública, en presencia del presidente del Gobierno de Canarias, firmaron el acuerdo sobre la mejora del marco retributivo del personal docente no universitario. Estas mejoras se reconocieron desde el 1 de enero de 2018. Entre ellas figuran las que tienen que ver con la función tutorial.