Cuando uno echa un vistazo a la Declaración de Impacto Ambiental de 2011, a lo que estaban obligados los promotores del proyecto para que fuera ambientalmente viable según la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC), lo que puede leer no es nada del otro jueves, son las cosas normales que se exigen y se hacen por ahí a la hora de sacar proyectos de este tipo adelante. No es que quisieran cargárselo vamos, exigían lo normalito de andar por casa en lo que a los aspectos ambientales se refiere, de los económicos y la viabilidad no se habla y a nadie importa porque al fin y al cabo el cañonazo es con pólvora del rey, más concretamente con fondos de carreteras donde el asunto del cuidado por la seguridad vial ha llegado al extremo de quitar las líneas continuas en la práctica totalidad de las carreteras de montaña de la isla limitando la velocidad a 70 igual en todas partes, da igual que le entres a una curva peligrosa que a un cruce. ¿Que por qué es urgente devolver ya las competencias en carreteras al Estado puenteando al Gobierno de Canarias que lo está permitiendo también? Hombre, por el bien de todos ese asunto es urgente.

Cualquiera diría que todo no es exprimir la vaca hasta que eche la última gota, al menos así piensan y no les va tan mal los que defienden modelos de desarrollo equilibrados donde necesariamente se han de tener en cuenta las consecuencias a medio y largo plazo de cualquier acción que, como en el caso de las vallas publicitarias, tenga su impacto en el paisaje y en la imagen en este caso del producto turístico que se supone nos interesa hacer valer. Se supone, porque esto ya aquí es el desmadre total a base de amasar lo que se pueda y cuanto más rápido mejor por lo que pueda pasar.

Para ser honestos no tengo claro que la denuncia vaya a llegar a ninguna parte, de hecho este asunto ya estaba en conocimiento de la autoridad correspondiente desde hace años y nada, pero es al menos algo esperanzador que algunas autoridades con responsabilidades, en este caso agentes de Costas, sí estén por la labor de intentar conseguir que se respeten las leyes y, por qué no decirlo en un caso tan sangrante, el sentido común.

No es nada nuevo, más de dos décadas llevamos denunciando lo mismo, sólo que la recuperación de algunas zonas de cultivo del entorno ha hecho que llame la atención la acumulación de plásticos que caen en alguna presa de agua cercana. Concretamente en 2019 denunciábamos el tema en la misma zona pero a presa vacía, ahora la imagen es si cabe mucho más dantesca ante la pasividad absoluta de los responsable de parar esto que sí tiene solución, además de que se trata de algo completamente ilegal máxime cuando estamos hablando de los plásticos que quedan atrapados, que es justamente el menor de los problemas. Una parte importante de los mismos siguen rumbo a Granadilla y se dispersan por todo el entorno generando toto tipo de impactos hasta que en un momento dado van a parar al mar cuando llueve y demás.

El polígono industrial de granadilla tiene dos accesos a la TF-1, uno hacia el sur y otro hacia el norte. Si se hace el tercero, a la altura del actual cruce de Chimiche-Las Maretas (más al norte); los vehículos o camiones que salgan o entren del sur seguirán utilizando el actual porque lo contrario significaría hacer entre 15 o 20 kilómetros más. Es posible que si la conexión con la TF-1 se pretende hacia o desde el norte se puedan ahorrar un par de kilómetros pero para de contar. Y estando los dos accesos actuales muy por debajo de su capacidad y necesitando evidentes mejoras en carriles de aceleración y demás la cuestión es por qué estos personajes se han empeñado en un tercer acceso por casi treinta millones de euros de manera urgente.

La cochinilla mexicana, que afecta a las tradicionales pencas o tuneras que supusieron no sólo un ciclo económico sino un recurso de subsistencia para personas y animales de primer orden en forma de alimento, no es que representen un daño más o menos asumible para este cultivo tradicional sino que, muy al contrario, suponen su exterminio casi total dado que arrasa por las tuneras allí por donde pasa y con una facilidad de contagio realmente extraordinaria. Bien lo saben los palmeros donde la tradicional planta prácticamente ha desaparecido en estos últimos años.

Entre las quince medidas chorra que Carlos Alonso propuso en el pleno del Cabildo de Tenerife en el verano de 2017, ninguna de ellas lógicamente cumplida a día de hoy que se sepa pese a que las apoyó todo el mundo (acaso alguna subvención para aquí o para allá supongo ¡porque íbamos a tener hasta la planta fotovoltaica más grande del mundo –MEDIDA 13– del tamaño de varios aeropuertos!); estaba la de una especie de BlaBlaCar (ellos lo llaman ten+movil y los sitios están ahí todavía para el que no se lo crea que por otro lado es lo normal) que, patrocinado por el Cabildo no se lo pierdan, debía fomentar el uso del coche compartido para acudir al trabajo.

El flamante alcalde de Buenavista en pacto con Coalición Canaria, de lo que fue Alternativa Sí se Puede que ya no se sabe lo que es, se unía estos días al jubilo de los alcaldes de ese norte que, incapaces de buscar y reclamar alternativas de desarrollo para sus comarcas han optado por que lo mejor es una carretera rápida para que sus jóvenes se vayan a fregar calderos a los hoteles y apartamentos del sur. Dicho un poco así pero más o menos la cosa se resume en eso. A algunos, incluso, sin importarles que su pueblo -o algunos barrios de su pueblo- se queden medios descolgados del mundo como le ha ocurrido a Arguayo que aquello hoy día parece como las películas del oeste con los pueblos abandonados y unos arbustos arrastrados por el viento. Tal cual.

Alguien decía el otro día (en un comentario a nuestra anterior entrada sobre el tema) que con los casi 30 millones que nos va a costar esa obra de la tercera carretera de acceso al puerto de Granadilla, que incluye una nueva rotonda sobre la TF-1 entre el acceso de Chimiche y el de Tajao, se podrían hacer cuatro institutos como por el que llevan esperando desde hace la tira de años los vecinos de Guaza que tienen a sus hijos metidos en cajones metálicos tipo contenedor prefabricado.

Está claro que quitar a Teresa Cruz, sin la más zorra idea de Sanidad pero que conste que yo no la nombré con lo que alguien debería hacerse responsable de eso, para poner a un hombre de confianza de Pedro Luis Cobiella (el magnate de la sanidad privada que jamás ha consentido hospitales públicos de verdad ni en el norte ni en el sur de Tenerife, hoy epicentro del desastre), un tal Julio Pérez, abogado para más señas y de siempre relacionado (como asesor jurídico que yo no digo otra cosa) con todo tipo de trapicheos cercanos a Coalición Canaria como paraísos fiscales y demás; no deja de ser otra cosa que una salida, o supuesta salida, desesperada ante una situación insostenible pero que ya verán ustedes que se sostiene porque lo primero es lo primero: seguir subidos al machito al precio que sea. Sólo que, eso sí, esta vez el precio va a ser contabilizado en forma de vidas humanas para desgracia de todos.