Los grupos insulares de Coalición Canaria y Partido Popular en el Cabildo de Tenerife presentarán una moción al próximo Pleno de la Corporación insular (jueves 29 de mayo) en la que instan al Estado a que agilice y garantice el anticipo de la totalidad del crédito presupuestado para 2025, antes de 30 de septiembre de 2025, para mantener la gratuidad del transporte público en Tenerife y en Canarias.
Los portavoces de CC y PP en el Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano y Lope Afonso, respectivamente, acuerdan en la moción que se inste al Gobierno de España a que "adopte todos los requisitos de las ayudas reguladas en el Capítulo I del Título II del Real Decreto ley 1/2025, de 28 de enero, a la realidad y singularidad de esta Comunidad Autónoma, como lo ha sido hasta la fecha"
Además, en el texto presentado al pleno, ambas formaciones reiteran que se adopte un acuerdo para exigirle al Estado que "garantice la gratuidad del transporte público regular de viajeros en Canarias, como servicio público esencial, dada nuestra singularidad autonómica en el marco de la Constitución y en el de Región Ultraperiférica en el marco de la integración europea".
Tanto CC como PP dejan claro en la moción que la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias "ha generado un beneficioso impacto en la economía familiar de la sociedad de Tenerife y en la propia movilidad sostenible de la Isla".
Asimismo, "ha producido un proceso de transformación cultural positivo respecto al uso del transporte público, convirtiéndolo en una alternativa real y eficiente a la utilización del vehículo privado. La gratuidad ha demostrado ser una herramienta clave para avanzar hacia un modelo de sociedad equilibrada y sostenible".
Para CC y PP "la continuidad de la gratuidad del transporte público gratuito está sujeta a riesgos desde la óptica presupuestaria. La falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para los años 2024 y 2025, reparada mediante prórrogas presupuestarias, genera incertidumbre en la financiación del mismo por la falta de certeza y claridad sobre su financiación, que queda supeditada a la futura aprobación de créditos adicionales que garanticen su continuidad".
Por ello, dejan claro que "esto supone una amenaza inevitable de falta de adaptación a las necesidades y circunstancias del momento, dificultades de planificación, licitación de obras y adquisiciones para la mejora y expansión del servicio e indecisión en las empresas operadoras a la hora de proyectar inversiones".
