Según los sindicatos, esta presentación conjunta es la vía más adecuada para conseguir éxito en la exigencia de devolución de esa cantidad. Desaconsejan  realizar recursos individuales o acciones jurídicas parciales, por su carácter contraproducente y por la existencia de las nuevas tasas judiciales y costes de abogados y procuradores que multiplicarían el coste de los recursos, además de la posible generalización de costas judiciales que pueden perjudicarte si pierdes el recurso judicial posterior.

Por otro lado, señalan que,  con la presentación colectiva  se asegura la vía judicial posterior. En caso de no recurrir un recurso administrativo individual o sectorial (por los costes judiciales), un tribunal puede llegar a entender que se asume la supresión de la paga extra, perjudicando al recurrente.

Los sindicatos esgrimen que la retirada de la paga es una "vulneración" de derechos consolidados por los empleados públicos, y afirman que es una medida "política" que se aplica con la justificación del ahorro.

Asimismo, recuerdan que los incrementos retributivos siempre se han pactado de forma lineal, por lo que creen que la minoración debió hacerse de la misma forma, y critican que se haya instaurado de manera "desigual y progresiva".