Navarro confirmó que "el Partido Popular ya trabaja con el texto articulado del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local para incorporar una disposición que habilite a los Cabildos para asumir competencias propias de la Comunidad autónoma".
La portavoz parlamentaria advierte que "la reforma de las administraciones públicas no ha hecho sino empezar, con la remisión del anteproyecto de ley al Consejo de Estado para que lo informe y con el compromiso posterior del Gobierno de analizar el texto con los ayuntamientos, cabildos y diputaciones provinciales, representados en la FEMP".
Australia Navarro señala que "estamos ante una reforma abierta, que se va enriquecer con el debate institucional y parlamentario, sin renunciar al objetivo de dotar a nuestro país de un nuevo modelo público basado en la austeridad, la transparencia y la eficiencia en el servicio a los ciudadanos".
La portavoz afirma que "la reforma obedece a una reivindicación compartida por la inmensa mayoría de los ciudadanos, que aspiran a contar con un modelo público acorde con sus necesidades y acorde también con sus posibilidades; que, en ningún caso, siga representando una hipoteca en términos de gasto público para la economía y para la sociedad".
En este sentido, Navarro aboga por que "el debate de la reforma de las administraciones no se afronte desde la óptica política de las retribuciones de los cargos públicos o del celo por las competencias de cada administración; sino desde el interés general de los ciudadanos por disponer de un modelo racional que les sirva eficazmente a un menor coste. Ésa es la clave".
Para Navarro, "la reforma de las administraciones es una asignatura pendiente en España y en Canarias desde hace mucho tiempo. Todos sabemos que distintas administraciones compiten en la gestión de la misma competencia, aumentando el gasto público y a menudo entorpeciendo la actividad económica, sujeta a infinidad de normas y trámites".
"Por ello, es fundamental que en un primer paso aclaremos la distribución de competencias, racionalicemos el modelo y reduzcamos los costes para el bolsillo de los ciudadanos. Ése es el primer paso. Y en paralelo, como anunció el Gobierno, se revisará el modelo de financiación con el objetivo de que cada administración, en sus competencias, actúe desde la solvencia y la sostenibilidad financiera".