"Este documento ha sido preparado con un objetivo principal: reducir los costes sin importar la continuidad del suministro. Espero que a Soria se le encienda la bombilla y rectifique", añade.
El artículo de la normativa del sector citado por Padrón hace referencia a que las actividades para el suministro eléctrico que se lleven a cabo en los territorios separados de la Península "serán objeto de una reglamentación singular que atenderá las a las especificaciones derivadas de su ubicación territorial, previo acuerdo con las comunidades o ciudades autónomas afectadas". A juicio de la diputada regional, el Ejecutivo central "ha violado flagrantemente este punto, ya que incluso a día de hoy no se ha dado traslado de esta reforma, de manera oficial, al Gobierno de Canarias y mucho menos se ha cerrado un acuerdo".
La portavoz de Industria apunta que el hecho de que no se haya contado con la participación de esta comunidad autónoma, una región "con bastantes peculiaridades y marcada por la lejanía", ha provocado que la reforma legal descuide algunas cuestiones esenciales para ofrecer el servicio con unas mínimas garantías.
Expuestos al '0 energético'. Para empezar, Padrón recuerda que el Ministerio prevé que entre la aplicación de la nueva ley y el paso a la libre competencia -un proceso que en teoría tendrá lugar entre 2014 y 2020- se producirá la salida del actual operador mayoritario y la entrada de los nuevos. "Sin embargo, estos últimos no podrán tener una presencia superior al 40% cada uno, una circunstancia que deja a Canarias expuesta al desabastecimiento". "No se ha tenido en cuenta, por ejemplo, un escenario en el que el operador actual se retira, no entran suficientes nuevos operadores y sube la demanda; es un cóctel que lleva irremediablemente al 'cero' energético", considera.
Además, la reforma legal propuesta por el ministro José Manuel Soria refleja en cada párrafo que ha sido elaborada "de espaldas al Archipiélago". "No hay más que comprobar cómo, de manera constante, se calculan los sobrecostes de los medios de producción tomando como referencia el precio horario final peninsular, alejado de la realidad energética de Canarias y que haría inviable, dadas las especificidades del Archipiélago, la mayor parte de la inversión", apunta la diputada. Sin contar –añade- "las injerencias competenciales en materias como el régimen sancionador y de intervención".
Pero esto no es todo. El traspaso, como contempla la nueva normativa, de la titularidad de las instalaciones de bombeo y regasificación a los operadores de las redes eléctricas de transporte y gasista, respectivamente, podría retrasar considerablemente la entrada en funcionamiento de muchas de las instalaciones previstas. Entre ellas, la central hidroeléctrica de Gorona del Viento, en El Hierro, que entre cierre de costes, calendario de acuerdos y periodo para solventar desacuerdos del traspaso podría demorarse al menos un año, debido a la paralización de las obras.
Se trata, en definitiva, de una reforma "redactada de espaldas a Canarias" y que carga especialmente contra el desarrollo de las renovables. "Hay apartados que incluso ponen en peligro, con su redacción actual, la ejecución de los parques eólicos que recibieron potencia en el concurso eólico de 2007, ya que se impondría nuevos requisitos a los que, por las anteriores bases de la adjudicación, no se podrían adaptar", comenta Padrón. "Está claro que Soria quiere dar el tiro de gracia, desde Madrid, a este concurso, con el que ya se despachó a gusto su partido aquí en las Islas", afirma. Para ella, "de no haber sido por el PP, hoy quizá tendríamos un modelo energético más sostenible".
