Barragán apunta que el Ministerio de Industria ha logrado que Repsol esquive la nueva normativa, que es mucho más estricta con los informes de riesgo y los planes preventivos, y da un margen de cinco años a la petrolera para adaptarse a la normativa a la que ha dado luz verde la Eurocámara.
La nueva directiva obliga a las empresas energéticas a probar su capacidad financiera para asumir su responsabilidad en caso de accidente. Además, antes de obtener una licencia de perforación, tendrán que presentar informes sobre riesgos y planes preventivos para hacer frente a emergencias.
España dispondrá ahora de dos años para transponer esta directiva a su legislación. Sin embargo, las instalaciones ya existentes dispondrán de hasta cinco años para adaptarse a las nuevas normas.
El secretario general de CC apunta, a este respecto, que "el Ministerio desempolvó los permisos, que se encontraban paralizados, y actuó con la máxima celeridad, consciente de que la directiva que se estaba tramitando en el Parlamento podría frenar los planes de Repsol, que ahora tendrá un amplio margen de tiempo para adaptarse a lo que se exige en la norma ratificada esta mañana".
En el caso de que Industria no hubiese autorizado los permisos a Repsol, la empresa estaría obligada a presentar un informe más estricto sobre los riesgos principales, los planes de emergencia para actuar en caso de accidente y probar que "dispone de suficientes recursos físicos, humanos y financieros para minimizar y rectificar el impacto de un accidente grave".
El texto aprobado hoy destaca que "los accidentes graves conexos con operaciones relacionadas con el gas y el petróleo mar adentro pueden tener consecuencias devastadoras e irreversibles para el medio marino y costero, además de importantes efectos negativos en las economías costeras". Barragán lamenta que las prisas del Gobierno "hayan servido para que Repsol no se vea obligada a cumplir una normativa más exigente para estrechar los márgenes de peligrosidad".
La nueva directiva recuerda, además, la denuncia que ha reiterado Coalición Canaria: "que los riesgos de accidentes graves en alta mar relacionados con petróleo o gas son significativos".
