Bethencourt reprochó su actitud a la consejera regional de Políticas Sociales, Inés Rojas, "que ha convertido en una letanía sus quejas al Gobierno de la Nación, mientras mantiene a 35.185 personas a la espera de que se reconozca su grado de discapacidad, y 35.952 dependientes aguardan a que se apruebe el programa individual de atención, necesario para acceder a una prestación o servicio".
"Miles de canarios padecen a diario la torpeza de este Gobierno, que tiene competencia exclusiva en Servicios Sociales, y además ha de financiar con sus recursos a ayuntamientos y cabildos insulares" denunció la diputada del PP, para quien "el caos reina en un departamento que gasta un tercio del presupuesto en sostener su aparato burocrático, y además, lidera el triste ranking del crecimiento de la pobreza y la exclusión en España".
En este sentido, dijo no entender por qué el Ejecutivo regional está cargando contra la reforma de la Administración local, que precisamente persigue la racionalización de recursos y eliminar las duplicidades. "Parece que solo le interesa hacer creer al vecino que estas prestaciones a las que tienen derecho son paguitas que da el político de turno de CC", afirmó.
Milagros Bethencourt recordó que tener a 35.000 personas esperando durante años por el reconocimiento de su grado de discapacidad supone "fomentar la desigualdad y vetar el disfrute de unos recursos que las propias instituciones han diseñado, que van desde una prestación económica hasta una tarjeta de estacionamiento de vehículos, viviendas protegidas o acceso preferente a un empleo público".
"El Gobierno de Canarias, después de recortar 17 millones de euros de su presupuesto para 2013, no ha sabido o no ha querido hacer una buena gestión de estos asuntos que afectan a los más desfavorecidos de las islas, tal y como recoge la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, que la califica de irrelevante, y le da 1,8 puntos sobre 10 posibles", concluyó.