Román Rodríguez declaró que "no hay ningún problema" en aceptar que determinados servicios especializados de los hospitales públicos de las Islas se externalicen. Pero, el concurso que prepara el departamento de Sanidad, responsabilidad de Brígida Mendoza, advirtió, implica un "intento de privatización de todos" los servicios. Bajo el amparo de convocar un concurso para adjudicar los servicios energéticos, Rodríguez informó que se incluirá también la telefonía, la seguridad, voz y datos, jardinería y el suministro del agua, entre otras prestaciones.
El Ejecutivo de CC y el PSOE, según Rodríguez, traslada un "negocio fácil a grandes empresas dejando a las canarias en la cuneta". El presidente de NC aseguró que, en estos momentos, se hace "difícil encontrar" entidades empresariales de las Islas, que tengan el grado de especialización requerido, y "menos" que cuenten con la clasificación exigida en los borradores de los pliegos de condiciones, conocidos ya por los comités de empresa y los servicios técnicos hospitalarios. "Mucho hablar de priorizar el trabajo para los canarios y las empresas canarias y, de facto, se les excluye", censuró el presidente de NC.
Para llevar a cabo este proceso, la Consejería de Sanidad, denunció Rodríguez, ha contratado a una persona relacionada con la gestión sanitaria privada en Madrid, "despreciando" a los técnicos disponibles en los centros hospitalarios públicos. Esta persona, continuó, ha sido la responsable de la elaboración de los borradores de los pliegos de condiciones técnicos y administrativos, que son "contradictorios y que van contra" el interés general.
Nueva Canarias se ha sumado a las exigencias de los comités de empresa y de los equipos técnicos hospitalarios con el fin de que Sanidad reconsidere las condiciones del concurso, ya que se asienta en unos borradores de pliegos que "vulneran" la legalidad y dan carta de naturaleza a un "negocio multimillonario para privados que acabará en los tribunales", según Román Rodríguez.
El líder de NC declaró que su denuncia es una "crítica preventiva" de la que Brígida Mendoza fue advertida, en el último pleno del Parlamento, con el objetivo de evitar que la consejera canaria en la materia cometa "errores irreparables" en el sistema público de las Islas.
