En su recurso, la defensa del senador se quejaba de la insuficiente motivación del auto en el que el instructor del asunto solicitaba el suplicatorio contra Zerolo, además de argumentar que dicho auto no concretaba con qué resolución en concreto el exalcalde pudo cometer prevaricación.
La Sala Segunda de lo Penal del alto tribunal rechaza el recurso en una resolución en la que razona que el suplicatorio no ejerce una imputación de un hecho delictivo contra una persona, sino que únicamente pide autorización a la cámara parlamentaria, dado que el encausado es aforado, para investigar unos hechos con posible relevancia penal y en los que podría estar implicado.
Es la querella del fiscal la que concreta los hechos, añade el Supremo, y la actividad del instructor hasta el momento de pedir el suplicatorio se ha limitado, tras una mínima investigación, a comprobar que los hechos tienen apariencia de delito.
En contra de lo solicitado por su recurso, el senador Zerolo manifestó el pasado 12 de junio que su deseo es que se conceda el suplicatorio pedido por el Supremo, al considerar que de este modo podrá defenderse de las acusaciones que se le atribuyen.
Zerolo compareció en audiencia a puerta cerrada ante la Comisión de Suplicatorios del Senado, a la que pidió que diera vía libre a la petición del Supremo.
Tras escucharle, los miembros de la comisión han acordado tratar de tener concluido el dictamen correspondiente para su votación en el pleno extraordinario de la Cámara fijado para los días 9, 10 y 11 de julio.
El instructor del caso en el Supremo, Luciano Varela, pidió en mayo al tribunal que tramitara el suplicatorio dirigido a la citada cámara parlamentaria.
En aquel auto Varela señalaba que Zerolo pudo cometer prevaricación al dictar "resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento".
El Ministerio fiscal presentó una querella contra Zerolo que admitió el Supremo y que investiga Luciano Varela.
Tanto el fiscal como el juez consideran que en 2003 Zerolo contrató de manera aparentemente irregular las obras de acondicionamiento del edificio central de las oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
