Dichas maniobras consisten en vuelos a baja altura sobre las viviendas, carreteras y playas en momentos de afluencia de público, con los helicópteros identificados como Agusta Bell 212 (HU18) y HU10 (UH1H) y el HU 21 Super Puma (AS 532), así como la ejecución de prácticas de toma de tierra en lugares cercanos a aglomeraciones de personas y vuelos en horas nocturnas, con las consiguientes molestias a la población y la creación de situaciones de peligro innecesarias.
Denuncian que durante los días 7, 8 y 9 de agosto, se han repetido las maniobras realizadas ya con anterioridad en el mes de octubre de 2012, y que en su momento generó las protestas de los habitantes de los barrios sobrevolados.
Sí se puede hace constar que otros helicópteros que sobrevuelan estos mismos barrios, como los de la Guardia Civil, los del servicio anti-incendios o los de emergencia, lo hacen respetando la altura sobre las viviendas, y que por sus características, propias de aparatos civiles, generan mucho menos ruido que los militares, cuyo motor no posee una carcasa insonorizante.
Exigen al Gobierno de Canarias que se dirija al General al mando de las tropas del Ejército español en Canarias para pedir que cesen estos entrenamientos con estas características. Igualmente rechazan la creciente militarización que viven las Islas, con propuestas de supercuarteles, instalación de nuevos radares militares y constantes maniobras que incluso afectan a espacios protegidos como las zonas cercanas al Parque Nacional del Teide o el intento de usar el islote de Lobos. "Creemos que la reclamación de neutralidad para Canarias expresada por la mayoría de nuestra población en 1986 debe ser respetada de una vez por todas", afirma.
Sabaté rechaza el argumento de la necesidad de dichas maniobras para entrenamiento del personal destinado a la guerra de Afganistán, "contienda en la que no tenemos obligación alguna de permanecer, que supone un enorme gasto para el erario estatal y amplía en el tiempo el estado de ocupación real de un país soberano".
"La justificación de un entrenamiento militar no puede superponerse al obligado mantenimiento de la seguridad y tranquilidad de la población civil, cuya alteración solo sería admisible en los estados de excepción, sitio o guerra, debidamente reconocidos por el Parlamento y declarados por el gobierno estatal", explica.
Salvo en maniobras de emergencia, se requiere que los denominados vuelos IFR (bajo control instrumental) se hagan siempre en alturas superiores a los 300 metros sobre la vertical de zonas edificadas, entre otras disposiciones de seguridad fijadas por el Real Decreto 57/2000, que aprobó el Reglamento de Circulación Aérea. Sin embargo, este Reglamento, dirigido a los vuelos de aeronaves civiles, es sustituido en su aplicación para los vuelos militares por la Orden de Presidencia PRE/2912/2005, que fijaba modificaciones de carácter técnico para diversos tipos de vuelo. En dicha orden se indica que "serán catalogadas como operaciones especiales las realizadas por aeronaves en misiones militares de cualquier naturaleza y misiones de las Fuerzas de Seguridad del Estado".
Estos vuelos se acogen a los supuestos denominados "operaciones especiales", que son aquellas que por motivos de interés público se realicen por aeronaves en cumplimiento de una Carta Operacional, debidamente aprobada por los Organismos competentes, en la que se establecen los criterios de la operación y las exenciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Circulación Aérea, derivadas de la urgencia o características de la misión encomendada".
Según la formación de izquierdas el objetivo de los vuelos realizados en el mes de agosto de 2013 y octubre de 2012 en los municipios indicados, no obedece a ninguno de los previstos contemplados en dicha Orden de Presidencia, por no atender a necesidades de urgencia ni necesidad imperiosa o ser de interés público.
Recuerda el portavoz de Sí se puede que en los últimos diez años, hemos podido asistir a diversos accidentes de helicópteros militares, en diversas condiciones de vuelo, dentro y fuera del territorio del Estado español, por lo que "no se puede asegurar que el riesgo de accidente no exista o sea mínimo, máxime si tenemos en cuenta la existencia de elementos a distinta altura y poca visibilidad como son las líneas de electrificación y telefonía, los vuelos de bandadas de palomas o la existencia de perturbaciones atmosféricas locales por la topografía subyacente".
