De hecho, los registros que en ocasiones se llevan a cabo en los accesos sólo se justifican por motivos de seguridad, por lo que sería admisible la retirada de objetos punzantes, envases sólidos, etc. pero nunca la sustracción de alimentos o elementos de uso personal, que siempre tendrían que ser devueltos a la salida, o no hay base de derecho para retirar, por ejemplo, los alimentos.
La práctica, ante los "buenos resultados comerciales" se está aplicando en otros locales de ocio con el silencio administrativo que parece participar de beneficios, por lo que el atentado contra los derechos del consumidor se generaliza con la complicidad institucional, que no se activa de oficio para defender los derechos de los ciudadanos.
Lo cierto es que a día de hoy los visitantes del parque se ven obligados a consumir a los precios abusivos que se fijan en el interior, donde la competencia de mercado está anulada y la falta de ética de los propietarios demuestra que tienen el beneplácito suficiente como para sentirse por encima de la Ley.
Desde ANC animamos a las organizaciones de consumidores a actuar contra estos capitales y obligar a las administraciones a hacer cumplir las leyes de protección del consumidor, así como a sancionar a quienes se resistan a ello. Los consumidores, podemos dejar patentes estos abusos en las hojas de reclamaciones y dándole curso a través de consumo.