Los jóvenes de izquierda declaran que es completamente abusivo y con ello, ilegal. Afirman que incluso de firmarse dicho contrato se podría anular (ya que contiene cláusulas abusivas) a través de juicio. Por lo que animan a los alumnos a no firmarlo alegando en primer lugar que los derechos de imagen no se pueden conceder de manera irrevocable; siempre debe estar disponible la posibilidad de retirar dicho otorgamiento.. Por otro lado, no se cumple aquello de "lo que pasa en las Vegas, se queda en las Vegas". La ULPGC o terceras partes podrían usar la imagen del alumno, tanto si proviniere del evento como de en otro lugar y momento. Por si fuera poco, se pide a los alumnos que renuncien a reclamar incluso en el caso de difamación, calumnias o invasión de la privacidad.
El Área concluye que no es la primera vez que denuncian irregularidades respecto a la organización del Campus Party. Para la selección de participantes se abrió un número limitado de plazas —en época de exámenes y sin ningún tipo de aviso previo— que se agotó en cuestión de minutos, ya que se hizo por orden de llegada, independientemente de méritos académicos, estudios o conocimientos de lengua inglesa. Tras las protestas de los alumnos, se abrieron veinticinco plazas adicionales pero con idéntico sistema de selección.