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29 Ago

El Gobierno de Canarias avanza en la tramitación del anteproyecto que modifica la Ley de Prestación Canaria de Inserción

Canarias/ Con esta modificación se llegará a más personas afectadas por la crisis y se garantizará el acceso rápido y efectivo a las ayudas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la lista de evaluación del anteproyecto de Ley por el que se modificará la Ley 1/2007, de 17 de enero, de Prestación Canaria de Inserción.

 

Con este documento se pretende actualizar la regulación legal de la prestación económica de inserción social en la Comunidad Autónoma de Canarias y atender a su función social, a fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados en la Estrategia Canaria frente a la Pobreza, la Exclusión Social y a favor del Desarrollo Humano, de forma que se puedan atender a aquellas necesidades más perentorias y a los casos más vulnerables en situación de exclusión social.

La modificación de la Ley tendrá como objeto ampliar el colectivo destinatario de la misma a todas aquellas personas que no dispongan de recursos económicos y estén en riesgo de exclusión social; garantizar el acceso rápido y efectivo a la ayuda que supone la PCI a las personas que lo solicitan, estableciendo por ley un plazo de cuatro meses para resolver las solicitudes desde su recepción por parte del departamento del Gobierno; y simplificar procedimientos y acortar tiempos de respuesta, mejorando la aplicación informática empleada para su tramitación y gestión.

Hay que recordar que entre las medidas estructurales contempladas en la Estrategia canaria frente a la Pobreza, se encuentra la de modificar la actual Ley de la Prestación Canaria de Inserción.

La PCI es una ayuda que se destina a un colectivo de personas en exclusión social, un colectivo con un perfil determinado que, por sus características, les cuesta acceder a un empleo. Hay que tener en cuenta que esta ley se puso en marcha en un momento de estabilidad económica, no para afrontar situaciones de crisis como la actual, que hace que muchas más personas soliciten estas ayudas.

La actual situación obliga, por tanto, a replantear el perfil de personas amparadas y protegidas por esta prestación, ya que nos encontramos con solicitantes que, si bien no se pueden incluir dentro del colectivo de la exclusión social, por disponer de herramientas sociales, culturales y formativas, sin embargo no pueden cubrir las necesidades básicas, alimentación y vivienda, dado que no perciben ningún recurso y han agotado el resto de prestaciones económicas del sistema público.

Asimismo, es indispensable procurar una respuesta más inmediata y efectiva a los solicitantes, agilizando el actual procedimiento mediante la simplificación de trámites y documentación a presentar. Esta debe ser acorde con la actual realidad de las familias canarias, con especial consideración de aquellas personas solicitantes, mayoritariamente mujeres, con niños menores de edad a su cargo.

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