Un único supervisor para todos los sectores
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia se anunció por primera vez en febrero del año pasado y debería empezar a funcionar el próximo 5 de octubre. Fusiona la Comisión Nacional de la Energía (CNE), la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria (CREA) y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA).
Según Europa Press, José María Marín Quemada, actualmente vocal del Banco de España, presidirá este nuevo superregulador. Fuentes oficiales han señalado a la agencia que el nombramiento de Marín Quemada se debe a su "independencia y su prestigio profesional".
El nacimiento de este nuevo regulador ha estado plagado de advertencias y críticas. Primero, la Comisión Europea mostró su preocupación por la reducción de la independencia del nuevo organismo y la falta de competencias para "asegurar una regulación efectiva e imparcial". Después de varios cambios efectuados por el Ministerio de Industria y Energía, Bruselas acabó dando su visto bueno.
Sin embargo, los organismos que se verán absorbidos por el supervisor único también han planteado objeciones, sobre todo, la Comisión Nacional de la Competencia, que en un informe ha advertido de que la fórmula definida para el nuevo regulador perjudicará la seguridad jurídica.
El Estatuto orgánico que aprobará el Gobierno fijará las normas de funcionamiento y su estructura, basada en un Pleno integrado por diez consejeros que tendrán mandatos de seis años improrrogables, y cuya renovación no se realizará de forma simultánea sino por partes. El nombramiento de esos consejeros se realizará a propuesta del Ministerio de Economía, aunque la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados tendrá potestad para vetarlos.
Fuentes parlamentarias han indicado a Europa Press que CiU y el PNV estarán representados en el organismo por el exalcalde de L'Escala Josep María Guinart y por la exvicelehendakari Idoia Zenarrutzabeitia.
El PSOE, en contra del modelo
Asimismo, han confirmado que el Gobierno propondrá para su nombramiento a dos vocales próximos al PSOE, de perfil técnico y no político, que desempeñan en la actualidad labores en la Comisión Europea.
Por su parte, fuentes socialistas han indicado que la falta de acuerdo con el Ejecutivo sobre los consejeros de la nueva CNMC se debe a que no se ofrece una "proporcionalidad suficiente", ya que al PSOE solo se cede la elección de dos de los diez consejeros.
En cualquier caso, los socialistas recuerdan que, desde el primer momento, han mostrado su desacuerdo con el modelo de comisión planteado por el Gobierno, porque "no es bueno concentrar en un mismo órgano la tarea regulatoria de los mercados y la tarea de vigilancia de la Competencia global". Insisten que habría sido mejor un modelo 1+3, en el que se mantuviera la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y se aglutinará el resto de los organismos en tres comisiones con especialización.
El Pleno del organismo se encargará de formular las cuentas y aprobar el reglamento interno, presentar los planes de actuación y las memorias, realizar nombramientos y dirimir los casos en los que haya divergencia de criterios.
Cuando un caso presente una especial incidencia en el funcionamiento competitivo de los mercados, el Pleno podrá asumirlo si así lo proponen el presidente o tres consejeros y lo respaldan en votación la mayoría del órgano (seis consejeros).
Sancionar el bunkering
En cuanto al bunkering, fuentes del Ejecutivo han asegurado que se estudiará una propuesta de modificación del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, con la que se pretende afrontar la laguna legal que impide aplicar un régimen sancionador al bunkering -un sistema en el que los barcos repostan en gasolineras flotantes- y, previsiblemente, se tramitará por el procedimiento de urgencia.
El ministro ha manifestado que la decisión del Gobierno obedece a que la legislación vigente exige la existencia de daño ambiental y no solo un riesgo potencial, como ocurre en la zona de Especial Protección del Estrecho Oriental (que alberga un Lugar de Interés Comunitario de gran valor ambiental).
En la misma intervención en la que ha explicado la iniciativa que lleva al Consejo de Ministros, Arias Cañete ha negado tener vinculación con empresas que se dedican al bunkering en Gibraltar.
