En declaraciones a los medios, el secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ha anunciado que esta norma tiene "un recorrido muy corto" porque en el momento en el que el PSOE vuelva al poder "asume el compromiso de colocar entre sus prioridades una nueva ley que devuelva a sus legítimos propietarios" la costa española.
En su opinión, el Gobierno ha optado "por la ocupación sin límite del litoral, a convertirlo en un espacio de negocio cuando debería ser la primera barrera que garantizase la seguridad ambiental de la ciudadanía".
"Lo que hace el Gobierno es jugar con la seguridad ambiental por encima del interés económico o ambiental", ha añadido Morán, acompañado por el portavoz socialista de Medio Ambiente en el Senado, Miguel Fidalgo, y María Luisa Carcedo, de la dirección del grupo parlamentario.
El PSOE cree que olvida la Consitución
Según Morán, la reforma de la Ley de Costas olvida todos los artículos constitucionales que declaran el ecosistema litoral como bien público.
Ha advertido asimismo de que el Ejecutivo popular "comete un error" al creer que este recurso es "meramente" político: "Lo que el PSOE hace es suplir la abdicación del Gobierno en la defensa del interés general".
El recurso obedece también, ha dicho, a la necesidad de que el Tribunal Constitucional "defienda su propia voz, ya que una sentencia de 1991, que el PP ha desoído de manera clamorosa en el trámite de elaboración de la ley, es la que permite asegurar que esta norma es radicalmente inconstitucional".
El texto entregado este viernes en el registro del alto tribunal argumenta que el dominio público está determinado por la Carta Magna que exige su protección y no es posible manipular el mandato constitucional.
Añade que la actual ley, a través de sus artículos primero, diez, once y cuarenta, ha introducido un conjunto de modificaciones que suponen en la práctica una rebaja o reducción en el nivel de protección del ecosistema litoral (dominio público, servidumbre de tránsito y servidumbre de protección).
Aunque el legislador estatal dispone de "una incuestionable potestad de modificación del marco regulador de la convivencia no es menos cierto que dicha potestad debe ejercerse, cuando del medio ambiente se trata, de acuerdo con ciertos límites y con el respeto a ciertos principios constitucionales, internacionales y comunitario-europeos".
Entre ellos figuran los artículos 45 y 53 de la Carta Magna, que consagran el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo, y la obligación de los poderes públicos a velar por la utilización racional de todos los recursos naturales.
En esencia, las disposiciones de la ley recurrida "son inconstitucionales, en primer lugar, y en algunos casos, por su frontal oposición con el régimen del dominio público diseñado por la Carta Magna y con la defensa y protección del medio ambiente sancionada constitucionalmente", añade el recurso de 120 páginas, en cuya elaboración han colaborado organizaciones sociales, científicas y ambientales.
