Entre los argumentos expuestos por Ramírez para rechazar esta reforma destaca el argumento de que "elimina" la referencia automática al IPC de cada año, también el precepto constitucional del mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas e introduce otros criterios que "no tienen en cuenta" la inflación anual sino los ingresos y gastos del sistema y la esperanza de vida.
Esto supone, según NC, un recorte "brutal" de 33.000 millones de euros en nueve años, del 2014 al 2022, con una inflación prevista del 1 % anual y una revalorización de las pensiones en un 0,25 %. Los cálculos de la gran mayoría de los estudios de prospección económica, agregó Ramírez, fijan para España una inflación muy superior al 1 % previsto por el Gobierno, con lo que el recorte será mucho mayor.
En Canarias, los pensionistas perderán 22,6 millones de euros en el 2014, con las "gravísimas repercusiones en el incremento" de la pobreza y la exclusión social. Canarias tiene casi 277.000 pensionistas que cobran 222 millones de euros anuales, lo que supone un 2,8 % del total de pensiones del país.
Si la nueva fórmula se lleva a cabo, los pensionistas perderán durante los próximos años entre el 20 % y el 28 % de su poder adquisitivo, afirmó Carmelo Ramírez.