Asimismo, el edil reclama la creación en el Ayuntamiento de una oficina de atención a los vecinos afectados "para que se les pueda explicar y dar asesoramiento jurídico y técnico a su situación singular".
El propio alcalde, Francisco Niño, ha reconocido públicamente que el PGO de 2011 "no solo es ilegal, sino que además es un documento que está obsoleto al no resolver las situaciones de los vecinos".
El planeamiento urbanístico, "aparte de no ajustarse a la legalidad como ha establecido el TSJC por carecer de Evaluación Ambiental Estratégica, mantiene importantes dudas y condena la actividad económica del municipio. Tal es así, no ofrece cobertura legal a la mitad de los negocios de bar y restauración ubicados en Arona", señala el portavoz del PSOE.
"La solución anunciada por el gobierno municipal de recurrir la sentencia del TSJC es una fuga hacia delante y solo mantendrá la incertidumbre acerca del desarrollo económico del municipio, alejando a las posibles inversiones y corriendo el importante de riesgo de que se desarrollen actuaciones urbanísticas que queden sin cobertura legal y den lugar a indemnizaciones millonarias", indica el edil de la oposición.
"Tampoco podemos obviar que quedan pendientes de resolución muchos recursos contra el ahora anulado Plan General, también por supuestos de infracción de la legalidad vigente", manifiesta Mena.
Paralelamente, el concejal socialista rechaza las acusaciones realizadas por el edil de Urbanismo, Carmelo García, que achaca a la oposición crear alarma social por las declaraciones públicas "que hemos hecho. Ha sido el propio nacionalista quien ha creado el actual estado de alarma y caos porque ha gestionado un PGO ahora declarado ilegal con las graves consecuencias que esto supone para todos los vecinos de Arona".
