Además, esta reforma se enmarca dentro de la disminución en más de un tercio de la inversión educativa en España, desde que gobierna el Partido Popular, la mayor parte atribuible al Real Decreto Ley 14/2012 de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Este recorte ha tenido consecuencias desastrosas en términos de reducción del profesorado, incremento de las ratios y descenso del apoyo educativo al alumnado en los centros educativos públicos.
Por otro lado, la exclusión de la denominación "servicio público" de la definición del sistema educativo español, la posibilidad de adjudicar suelo público a centros concertados o la corrección de las pruebas externas por personal ajeno a la función pública son algunos de los aspectos más dañinos de este proyecto en su tramitación en el Senado. El PP ha hecho desaparecer la expresión "prestación servicio público de educación" para volver a incorporar la de simple "prestación de servicios", devolviendo el articulado al borrador original de la ley y rompiendo con su compromiso con los agentes sociales. De esta forma, el PP apuesta por unos poderes públicos menos responsables, que participen en la prestación de servicio pero que no lo garanticen.
La futura Ley permitirá asimismo que las administraciones educativas puedan convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público. Ya en el proyecto de reforma de las administraciones locales, el Gobierno introdujo una cláusula mediante la cual los Ayuntamientos debían cooperar con la Administración educativa en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes; ahora, con la LOMCE, se completa el círculo y se consolida, a través de una ley orgánica, un negocio que puede acabar relegando la construcción de las escuelas públicas a las zonas más marginales.
Otra de las novedades introducidas a través de las enmiendas es que las pruebas externas podrán ser aplicadas y calificadas por profesorado que no pertenezca a la función pública. No resulta admisible que este tipo de pruebas, que al fin y al cabo determinan la posibilidad de alcanzar la educación superior y, por tanto, garantizar la continuidad educativa del alumno en el sistema, se realice sin la objetividad y la independencia que la función pública garantiza. Cuando CCOO se posicionó en contra de las reválidas ya mostró su inquietud por los riesgos que podía entrañar una falta de control y fiscalización pública de estas. Sea cuál sea el sistema de aplicación y cualificación de las pruebas, esos principios deben quedar absolutamente garantizados
