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25 Nov

XTF propondrá en el pleno del viernes 29 la reprobación social y política de la estafa y pelotazo de Las Teresitas

Tenerife/ Corrales pedirán a los concejales que voten en conciencia rechazando el despilfarro de los 75 millones de euros malgastados.

El concejal de Por Tenerife José Manuel Corrales propondrá mediante una moción en el pleno del viernes 29 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la reprobación social y política de la estafa y pelotazo de Las Teresitas.

Esta iniciativa contará con la solicitud de Participación Ciudadana de Lola Rebrow Schneider, presidenta de la Asociación Amigos de la playa de Las Teresitas, y que es una activista social por la causa de la "Reprobación Social y Política de la Estafa de Las Teresitas".

La moción de Por Tenerife-Verdes dice textualmente lo siguiente:

Antecedentes
La ordenación de la playa de Las Teresitas, su litoral y el entorno del Valle de Las Huertas representa, a la luz de la investigación judicial practicada, una de las operaciones especulativas de mayor gravedad en la historia de la ciudad y de Canarias.

La instrucción judicial desarrollada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el marco de las Diligencias Previas 17/2006 ha revelado graves hechos que provoca que la ciudadanía esté legítimamente escandalizada por la actuación del gobierno municipal de aquella época al constituir el llamado caso "Las Teresitas" un ejemplo paradigmático de mala gestión del erario público y de pésima defensa del interés general.

Sin perjuicio de las responsabilidades penales y su depuración en el ámbito judicial, los hechos conocidos y acreditados en el curso de la instrucción judicial del caso "Las Teresitas" evidencian graves conductas contrarias al interés público y general así como contrarias a la legalidad, de las que cabría articular una doble exigencia. De una parte, de condena y rechazo a la corrupción en todas sus formas, vertientes y manifestaciones, y de otra, la exigencia ineludible de responsabilidades políticas derivadas de tales hechos.

De forma sintética, cabe destacar como elementos que contextualizan al tiempo que revelan la gravedad de la operación, los siguientes:

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el entonces alcalde Miguel Zerolo a la cabeza, compró a Inversiones Las Teresitas S.L. el frente de playa por un valor de 52 millones de euros, que además se hace mediante un convenio urbanístico que recalifica el resto de los terrenos, lo que permite a Inversiones Las Teresitas vender por 92 millones de euros más la otra parte del suelo comprado inicialmente por 33 millones. Un negocio redondo, en palabras de la Unidad de la Intervención General adscrita a la Fiscalía Anticorrupción, "un pelotazo de manual" que, según la Policía, permitió a los empresarios "que en siete años consiguieran un beneficio aproximado de 120 millones".

 Se ha pagado casi el triple de lo que indicaba la tasación municipal por el frente de playa; se ha pagado a particulares por terreno público adscrito al dominio marítimo; se ha obligado a vender por debajo del precio de mercado a particulares para que otros particulares hagan negocios privados; se ha permitido que ciudadanos de San Andrés encuentren lo que consideran sus casas y terrenos inscritos a nombre de una empresa privada.

 Tal y como revelan los informes policiales de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía "la consecución de los hechos que han motivado el caso Las Teresitas no ha obedecido a una sucesión fortuita de acontecimientos, sino al desarrollo de un plan preconcebido, en el cual se produjeron modificaciones por causas sobrevenidas, y cuya culminación y éxito solo ha sido posible gracias a la actuación concertada y coordinada de todas las personas participantes". Añadiéndose que en el caso Las Teresitas "se produjo una asociación ilícita, dado que un determinado grupo de personas actuó coordinadamente para la comisión de unos hechos presuntamente delictivos".

 Sin perjuicio de la calificación jurídica de los hechos, es grave al tiempo que muy clarificador que el sumario de Las Teresitas describa presuntas fuga de capitales hacia paraísos fiscales, ingresos no justificados, negocios de ultramar, compra de propiedades y un nivel de vida desenfrenado de los imputados por este caso. Recientemente también hemos conocido las implicaciones y gestiones que el anterior Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz realizó en cuentas bancarias en el "paraíso fiscal" de la Isla de Man.

Con el levantamiento del secreto del sumario y las repetidas resoluciones judiciales sobre Las Teresitas se demuestra que en la tramitación del expediente que da origen al Convenio de Las Teresitas se ha utilizado el método de huir del marco legal establecido, fijando acuerdos de conveniencia que se justificaban a posteriori mediante fórmulas exóticas o encajando con calzador los procedimientos.

El 26 de julio de 2011 el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó la moción presentada por XTF- Por Tenerife para ejecutar con la máxima urgencia y diligencia las Sentencias de Las Teresitas, y de esta forma recuperar los 53 millones de euros despilfarrados en este "pelotazo". Con este acuerdo se debía de iniciar el camino hacia la recuperación de la normalidad democrática y la legalidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz siendo así que la presente moción de reprobación pretende dar continuidad al camino iniciado y al proceso conducente a la restitución al pueblo de Santa Cruz de sus espacios, sus recursos y el Estado de Derecho.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha descubierto muy recientemente, según apuntan informaciones periodísticas, unos documentos que acreditan que el frente de la playa que la corporación compró a Inversiones Las Teresitas (ILT), de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, por 53 millones de euros en 2001, siendo alcalde el actual senador Miguel Zerolo, ya era de su propiedad. Estos documentos han sido solicitados desde el primer día por el Grupo Municipal de XTF, aunque se nos haya negado el acceso a los mismos por parte del gobierno municipal.
El área de Urbanismo ha rescatado, según indican esas informaciones, unos papeles que fueron entregados a la Fiscalía y que prueban que los terrenos pertenecían a la institución municipal desde el año 1967.
El primero de los documentos hallados por el consistorio santacrucero es un título de propiedad del año 1967 por el que la Junta de Compensación cedía el frente de Las Teresitas a cambio de que el Ayuntamiento hiciera la playa artificial. Este convenio recogía que, en caso de que no se ejecutara la playa, la Junta de Compensación recuperaría el frente, aunque debería pagar 50 millones de pesetas al Ayuntamiento como cesión por aprovechamiento urbanístico. El Ayuntamiento cumplió con lo estipulado y, por lo tanto, el frente de la playa quedó registrado a su nombre.
Otro de los papeles descubiertos por Urbanismo es una ficha de Patrimonio del año 1998 en el que aparece el frente de Las Teresitas registrado a nombre del Ayuntamiento.
Entre la documentación entregada la pasada semana a la Fiscalía, también se encuentran una comunicación o notas de altos funcionarios del consistorio que probarían que habían maquinado una operación para devolver el frente de la playa de Las Teresitas a la Junta de Compensación, a través del abogado Mauricio Hayek, para que éste vendiera los terrenos a Antonio Plasencia e Ignacio González, de Inversiones Las Teresitas, la empresa a la que el Ayuntamiento le compró el frente en 2001.
La audiencia previa en el proceso civil donde se está dilucidando la reclamación de cantidad pagada por Santa Cruz por la compraventa del frente ha quedado suspendida a petición del Ayuntamiento después de se entregara la documentación descubierta.
Las informaciones periodísticas señalan que, una vez incorporada esta documentación a la causa, la fiscalía se dirija al Tribunal Supremo, por el aforamiento de Miguel Zerolo, al encontrar elementos indiciarios de un delito de estafa en la operación de compraventa realizada en 2001.
En la causa se mantienen imputados trece empresarios, funcionarios, el exalcalde Miguel Zerolo, y otros exconcejales. Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González han reclamado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 116 millones de euros por un presunto delito de lucro cesante tras no haber podido construir en el frente desde que se hicieran con las parcelas en 1998.
Cabe recordar que los empresarios adquieren esos terrenos gracias a un préstamo de CajaCanarias de 5.500 millones de pesetas cuando aún no habían registrado Inversiones Las Teresitas y después de que se produjeran presiones a miembros del Consejo de Administración de la entidad para que votasen a favor de la concesión del crédito.
Por todo lo cual, POR TENERIFE – XTF y en su nombre su Portavoz y concejal adscrito al Grupo Mixto, formula la siguiente MOCIÓN, para que el Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes ACUERDOS

1. La actuación de los responsables políticos de Ayuntamiento imputados en el denominado Caso de Las Teresitas, debe ser repudiada socialmente y merece nuestra reprobación política, ya que supone un claro caso de mala gestión pública de los recursos municipales.

2. La corrupción en todas sus formas debe combatida con toda contundencia y los presuntos corruptos no pueden ser impunemente protegidos o amparados por prerrogativas y privilegios procesales como el aforamiento.

3. Ratificamos como pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, nuestra firme voluntad de ejecutar las sentencias judiciales del caso "Las Teresitas", en aras de restablecer la legalidad, rectificando el disparatado acuerdo de compraventa del frente de Playa.

4. Así mismo instamos a realizar diligentemente en la causa civil, todas las gestiones y los trámites oportunos, por la vía legal más rápida, tendentes a la recuperación del dinero que en su momento pago de forma indebida el Ayuntamiento.

5. Abrir una investigación interna para determinar las responsabilidades administrativas, y saber por qué la documentación recientemente conocida ha tardado tantos años en ser detectada y si ha existido intencionalidad y voluntad de ocultarla a la investigación judicial.

6. Separar de sus funciones a aquellas personas y funcionarios municipales que pudieran estar implicados en esta supuesta "trama corrupta" montada con la intención supuestamente de comprar unos terrenos que eran ya propiedad del Ayuntamiento.

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