Trujillo afirma que, "más que tres partidos, son un mismo régimen caracterizado por la práctica de un autoritarismo blando, que se perpetúa a través de una legislación electoral que les sobrerrepresenta, mientras infrarrepresenta a sus rivales y desencadena el voto útil contra ellos. PP, PSOE y CC tendrían que haber sumado 836.969 votos, entre los tres, para que les correspondieran los 57 escaños que tienen. Sin embargo, sumaron 705.357 votos, por lo que se apropiaron de entre 8 y 9 escaños, sin votos que los respaldaran".
El coordinador de IUC denuncia que "el régimen tripartito quiere darse un lavado de cara propagandístico planteando limitaciones de mandatos, listas abiertas, o primarias, para elegir cabezas de lista electoral porque saben que eso no cambia nada, pero da la apariencia de que sí hay cambios. Algunos harán primarias en su partido para que, posteriormente, la persona electa se beneficie de una ley electoral fraudulenta cuando concurra a las elecciones. Se elegirá mediante votación a la persona que se beneficiará de las trampas electorales legalizadas y, si, además, ponen listas abiertas habrá la posibilidad de reordenar la lista para que el votante elija al beneficiario del fraude electoral legalizado".
Por último, señala Trujillo, "es incoherente que se pueda sancionar penalmente a quien mete diez mil votos fraudulentos en una urna, pero que no le pase nada a quienes legalizan el equivalente a meter 131.612 votos en las urnas. Hay que decir que esos 131.612 votos superarían los 129.782 votos a candidaturas que sumaron las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera juntas. Esto evidencia que en Canarias se ha convertido en ley electoral lo que debiera ser delito electoral y que sus señorías son perfectamente homologables a sus iguales de cualquier república bananera".
