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26 Ago

El PP rechaza la reforma electoral que propone Rajoy

Nacional/ El grupo parlamentario del PP rechazará la petición de toda la oposición de que comparezca el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un pleno extraordinario para explicar la reforma electoral para promover que gobierne la lista más votada en las elecciones municipales.

El parlamentario del PP Pedro Gómez de la Serna ha justificado en la Diputación Permanente del Congreso el rechazo de su partido en que ni el Gobierno ni los populares han hecho una propuesta concreta, sino que pretenden abrir un diálogo sobre este asunto a partir de septiembre con una propuesta "abierta".

En la misma línea se manifestó el presidente del Gobierno este mismo lunes, cuando defendió que el alcalde más votado sea quien gobierno y criticó que los grupos se pronunciaran en contra de una propuesta que no se había presentado oficialmente.

Todos los portavoces de la oposición han reclamado las explicaciones del jefe del Ejecutivo ante una reforma que, en su opinión, no puede acometerse a ocho meses de las elecciones municipales y, por primera vez en democracia, sin un amplio consenso.

Los diputados han lamentado "el partidismo" que conlleva la propuesta del PP, que, a juicio del PSOE y de IU, sólo busca "blindar" los gobiernos municipales en los que teme perder la mayoría absoluta, entre ellos Madrid o Valencia.

La Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones, decide este martes sobre las 43 peticiones urgentes de comparecencia del presidente y todos sus ministros que han solicitados distintos grupos de la oposición sobre diferentes temas.

Sí comparecerá el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el 2 de septiembre en el Congreso de los Diputados para explicar si el expresident de la Generalitat Jordi Pujol se acogió a la amnistía fiscal.
Tampoco habrá comparecencia por las fronteras de Ceuta y Melilla

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular ha rechazado que el Gobierno comparezca en el Congreso en periodo extraordiario para dar cuenta de la situación en la frontera de Melilla e informar sobre la situación de las 1.400 personas que llegaron en embarcaciones a las costas de Cádiz entre el 9 y el 12 de agosto.

También ha descartado que la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, comparezcan en la Cámara Baja para hablar del veto ruso a los productos agroalimentarios de la Unión Europea hasta que no se produzcan las reuniones en Bruselas de la próxima semana.

Según ha explicado el portavoz del GPP, Leopoldo Barreda de los Ríos, la inmigración "es una cuestión estructural", por lo que no considera oportuno que ninguno de sus responsables acuda al Parlamento en el mes de agosto, fuera del periodo ordinario de sesiones.

Tanto la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA) como el Grupo Mixto y el Grupo Socialista habían solicitado la comparecencia del titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, para pedirle explicaciones por el incremento de las llegadas por mar y de saltos a la valla de Melilla experimentado este mes, por las devoluciones 'en caliente' y la actuación de la Guardia Civil ante las agresiones a migrantes de fuerzas marroquíes en esta frontera.

Además, el Partido Popular ha descartado que la ministra de Agricultura y el ministro de Asuntos Exteriores comparezcan en periodo extraordinario por el veto ruso a los productos agroalimentarios de la Unión Europea.

El diputado del grupo popular José Cruz Pérez Lapazarán ha señalado que "no consideran adecuadas" las comparecencias de los dos ministros "antes de las importantes reuniones" que tendrán lugar en septiembre en Bruselas.

"Hay voluntad de comparecer, pero una vez que se produzcan estas importantes reuniones. Además, el Gobierno tiene pedida ya la solicitud de comparecencia de la ministra de Agricultura", ha indicado Pérez.
Franquismo, aborto y educación, entre las peticiones

En el listado de peticiones de comparecencia se incluye también una solicitud del PSOE para que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, explique qué actuaciones y medidas "va a llevar a cabo el Gobierno tras el informe que ha presentado el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas en relación con las Víctimas del Franquismo".

Este mismo asunto motiva otras peticiones de comparecencia extraordinaria de Izquierda Plural y Grupo Mixto dirigidas al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.

Gallardón también es citado por el PSOE e Izquierda Plural para informar "de las intenciones del Gobierno en relación con la reforma de la legislación reguladora de la interrupción voluntaria del embarazo".

También llaman a comparecer a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para que explique en el Parlamento asuntos como la alerta por el virus del ébola, las "quejas de pacientes de hepatitis C", la aprobación de nuevos recortes en Sanidad, el incremento de los crímenes machistas, y las manifestaciones de cargos públicos sobre la mujer, como las del alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva.

Al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, se le requiere para explicar sus propuestas para la reforma universitaria, las modificaciones en la política de becas, los posibles nuevos recortes en política educativa y las razones para condicionar la distribución de fondos a las comunidades autónomas para la implantación de la LOMCE.

En cuanto al ministro de Defensa, Pedro Morenés, se le reclama en el Congreso para dar cuentas de las "gestiones que ha realizado ante el Gobierno de los Estados Unidos para evitar un nuevo ERE que afecta a los trabajadores españoles de la base de Morón", así como para informar de la operación antidroga llevada a cabo en el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián Elcano.

Por último, se piden una sesión extraordinaria de la Comisión de Fomento para que la ministra Ana Pastor explique el "mal funcionamiento" de la red de Cercanías y las "decisiones del Gobierno sobre la concesión de un título habilitante para un operador privado en el servicio ferroviario de alta velocidad entre Madrid y Levante, y sobre el rescate de las autopistas de peaje".

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