Denunciamos, una vez más, las políticas de recortes y privatizadoras impuestas por el PP, así como su LOMCE. Sin embargo, en Canarias es posible una política educativa distinta. No basta con destacar mejoras respecto al PP. Es necesario un cambio de rumbo. Reclamamos la puesta en práctica de las medidas contempladas en la Ley Canaria de Educación, aprobadas en el Parlamento canario con la abstención o rechazo del PP, y la recuperación de los recortes practicados en los últimos cursos escolares.
Destacamos algunas prioridades a poner en práctica urgentemente contenidas en dicha Ley:
Aumento en la inversión educativa y que se refleje en los nuevos presupuestos generales de Canarias. Sólo así podrá ser una realidad la afirmación de la Ley Canaria de Educación "los centros públicos contarán con los recursos suficientes...así como garantizar el carácter público de la educación y el derecho a la educación de todo el alumnado compensando las desigualdades sociales, económicas y culturales..." Aplicación del Plan de Atención a la Diversidad (PEAD).
Disminución de las ratios, simplificación de la carga burocrática del profesorado, consideración de los consejos escolares como máximos órganos de gestión y participación democráticas de los centros educativos.
Dignificación de la labor profesional y laboral de los docentes. Reclamamos tanto el pacto de estabilidad previsto para el profesorado interino mayor de 55 años como su ampliación a los cerca de 3.200 docentes del colectivo de interinos. Además, la apertura de negociaciones sobre el sistema retributivo de los docentes. Respecto a los salarios reconoce el propio Parlamento canario que los docentes canarios son de los peor pagados en relación a los territorios del estado español.
El STEC-IC no se conforma con "naturalizar" y "normalizar" los recortes que han sufrido la educación pública y los trabajadores/as de la enseñanza. Es inconcebible que se castigue al profesorado por enfermar, practicándoles descuentos, que se haya incrementado la jornada laboral, que no exista atención temprana para el alumnado ni refuerzos educativos, que sea el profesorado del centro afectado quien cubra las bajas, que se privaticen servicios tan esenciales como los comedores escolares y un largo etcétera más.
El STEC-IC llama a todas las comunidades educativas a formar un frente común para reclamarle al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Educación la puesta en práctica de todas las medidas positivas contempladas en la propia Ley educativa aprobada en el Parlamento, así como la recuperación de todos los recortes sufridos en los últimos años.
Ha llegado el momento de pasar de las palabras a los hechos. La Ley Canaria de Educación no debe quedar en papel mojado. No es de recibo continuar con recortes del pasado ni practicar nuevos recortes. Estaremos en alerta.