Asimismo, IUC acusa al PP de ser "antidemócrata por rechazar que el pueblo canario se pronuncie sobre una cuestión de la mayor importancia para el pueblo canario". Desde IUC se afirma que, "en democracia no tiene sentido que se esgrima la ley para impedir una consulta democrática. Si la ley reprime la democracia habrá que cambiar la ley y no renunciar a los mecanismos democráticos que dan contenido real a la democracia. Es la ley la que tiene que estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de una ley que impide la expresión de la voluntad popular y coloca la política al servicio de una empresa multinacional".
IUC considera que, "a pesar de las limitaciones legales, la consulta será positiva porque evidenciará que el Gobierno del Estado gobierna para Repsol y en contra de la voluntad de la ciudadanía canaria. Además, sentará el precedente de consultar a la ciudadanía, algo a lo que son alérgicos CC, PSOE y PP, que han frustrado alegremente diversas iniciativas legislativas populares y que usurpan de manera habitual una parte de la soberanía popular a través de la fraudulenta ley electoral que mantienen en Canarias".
Por último, IUC afirma que la campaña previa a la consulta tiene que ser un esfuerzo plural para divulgar entre la ciudadanía los graves riesgos y los nulos beneficios que conllevan las prospecciones de Repsol.
