Lavandera recordó que el compromiso del Gobierno de Canarias es aprobar la regulación de esta oferta, "que es real, que lleva instalada en el Archipiélago muchos años y que no existiría de no existir su demanda". Indicó que las administraciones públicas tienen la obligación de preservar la calidad de Canarias como destino turístico, establecer garantías para los consumidores de estos productos, respetar los derechos del resto de operadores del mercado turístico, tanto hoteleros como extrahoteleros, y singularmente dentro de éstos, los alojamientos rurales.
"También lo es no olvidar las posibles consecuencias de la convivencia con los usos residenciales y cómo se deben respetar sus derechos". En este punto, afirmó que sería recomendable la implantación de una marca de calidad turística específica para las viviendas vacacionales, que posteriormente se convierta en una herramienta para su propia promoción comercial.
Iñaki Álvaro Lavandera subrayó que el objetivo final que se persigue es la mejora de la calidad de la oferta turística y, por tanto, la imagen/credibilidad de esa oferta, para el avance de la competitividad de los propietarios o las empresas explotadoras de viviendas turísticas vacacionales, así como garantizar los derechos de los arrendadores, de los arrendatarios y de su vecindad.
