El concejal y portavoz de la ACP, David Hernández, considera que la actuación de los diferentes gobiernos del PP y CC en todo este asunto ha sido "arbitraria e irresponsable", y ha generado efectos perjudiciales tanto para el personal, que ha dejado de percibir ingresos que le correspondían legalmente, como para el Ayuntamiento y la ciudadanía portuense, que ahora han de pagar la enorme deuda acumulada a lo largo de los últimos seis años. En este sentido, achaca de manera especial al Partido Popular, que ha gestionado el área de Recursos Humanos desde 2009, "falta de voluntad" para reunirse y negociar con la representación de los trabajadores, lo que "ha enconado el conflicto y lo ha llevado a la difícil situación actual".
Hernández recuerda que los recortes impuestos al personal laboral por CC-PP en diciembre de 2010 fueron declarados nulos por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias porque suponían la suspensión ilegal del convenio colectivo vigente entonces. De la misma forma, subraya que el nuevo intento del gobierno municipal de aplicar estos recortes, en enero de 2015, fue también rechazado por el TSJC recientemente debido a que no se daban las causas graves de interés público requeridas para suspender el convenio. Entre ambas sentencias, señala, el Tribunal anuló el nuevo convenio colectivo aprobado en enero de 2012, con lo que continúa vigente a todos los efectos el convenio anterior.
El portavoz de la Asamblea Ciudadana Portuense sostiene que el gobierno municipal no solo "debe ejecutar urgentemente las sentencias que le obligan a devolver el importe de los recortes ilegales", sino "aplicar de inmediato el convenio colectivo anterior, pues cada día que pasa sin hacerlo la deuda se va haciendo mayor". A su juicio, la "práctica habitual de PP-CC de recurrir todas las sentencias, aunque sepa que están perdidas de antemano, y de aplazar lo máximo posible la búsqueda de acuerdos y soluciones es una muestra más de su dejadez y de su mala gestión". En este sentido, lamenta que el grupo de gobierno ni siquiera haya convocado la Comisión de Recursos Humanos desde el mes de octubre, lo que ha impedido que se aborde este asunto con la oposición.
Hernández reconoce el trabajo de los sindicatos en defensa de los derechos del personal y exhorta a ambas partes a negociar un nuevo convenio colectivo ajustado a la realidad actual una vez se aplique el convenio considerado vigente por la Justicia y se salde la deuda pendiente. En el caso de que el gobierno municipal no cumpla con esto último de forma urgente, recalca el concejal, la ACP se planteará la adopción de medidas con el fin de que se hagan efectivas las sentencias cuanto antes.
