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10 Abr

PSOE: "El Gobierno canario debe superar la parálisis en que mantiene al sector del alquiler vacacional"

Canarias/ Rosa Bella Cabrera apela a la responsabilidad para poder afrontar un debate "al que no se le puede dar la espalda y que exige respuestas urgentes".

La portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Bella Cabrera, considera necesario y urgente que se afronte el debate de la regulación de la vivienda en alquiler vacacional con responsabilidad y agilidad. "Tomar decisiones, implica asumir sus costes, pero siempre es mejor esto que caer en la parálisis en la que el Gobierno canario mantiene al sector actualmente", afirma.

La diputada recuerda que el Gobierno canario ha sido mandatado, a petición del Parlamento de Canarias tras la aprobación unánime en el debate de la nacionalidad de la propuesta del PSOE, a dar solución a los problemas legales que ha ocasionado la normativa referente al alquiler vacacional. También deberá reforzar las medidas de coordinación con los sectores relacionados con esta actividad para que el proceso de actualización y modernización de las distintas herramientas legales se realice con el mayor consenso posible y a partir de una sólida base técnica que dé respuesta a las dificultades que existen y a los problemas que se puedan generar, en especial al preocupante aumento de precios en los alquileres residenciales de larga estancia en determinadas zonas de las islas.

"El Gobierno canario debe ser sensible con los afectados, que representan a un sector de mayor peso y alcance mayor del que cabía suponer, y formular una propuesta de regulación que dé respuesta desde la complicada conciliación de intereses", señala Cabrera, quien aboga por adaptar una realidad vieja a los nuevos tiempos. A su juicio, hay que trabajar desde la certeza de que decisión que se tome para regular la compatibilidad de usos en suelo turístico no va a cubrir el 100 por ciento de las expectativas de todas las partes.

La diputada del PSOE sostiene que estamos ante una realidad a la que no podemos seguir dando la espalda y, pese a los efectos negativos que la norma ha venido generando durante este tiempo, el Gobierno de Canarias, lejos de poner soluciones sobre la mesa, la situación ha ido agravándose sin alternativas que lo remedien. En este punto, hace hincapié en la necesidad de hacer frente, entre otras cuestiones, a situaciones actuales nada deseables, como es la burbuja de precios en el mercado del alquiler de la vivienda, desplazando su función social por un interés que conlleva la expulsión de las clases trabajadoras de aquellos ámbitos donde resulta más rentable dedicar el destino de un inmueble al alquiler vacacional.

"Nunca antes los trabajadores habían estado tan preocupados por los precios de los alquileres como ahora ni lo habían pasado tan mal por el problema del alojamiento", remarca. Explica que este asunto afecta a muchos empleados el sector turístico de Canarias, quienes después de la última reforma laboral, han visto muy mermadas sus condiciones laborales, "con unos sueldos escuálidos de los que deben destinar un alto porcentaje a pagarse un alquiler desproporcionado en los últimos tiempos, teniendo que renunciar muchos de ellos a sus puestos de trabajo".

Para Cabrera Noda, es tan relevante la clasificación del suelo en el que se encuentran los inmuebles como la tipología del inmueble que se destina al alquiler vacacional. "Si queremos proteger la función social de la vivienda y evitar conflictos en la convivencia entre el turista y el residente, se debe consensuar que queden incluidos en la actividad del alquiler vacacional determinados tipos de inmuebles con unas características concretas y acordadas".

Por último, la parlamentaria del PSOE subraya que el PSOE apuesta por reforzar las medidas de coordinación con los sectores relacionados con la actividad turística y vacacional, con el fin de que el proceso de actualización y modernización del decreto se realice con el mayor consenso posible, a partir de una sólida base técnica que dé respuesta a las dificultades que existen y que entre en vigor en un plazo no superior a seis meses.

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