Se cierran así dos jornadas parlamentarias maratonianas llenas de crispación, bronca, indignación, recesos, interrupciones y quejas en las que Junts pel Sí y la CUP han ido más allá en su desafío al Estado y en las que esas pretensiones independentistas han sido contestadas de forma contundente por el Estado de derecho.
Se abre ahora un periodo incierto ante una situación inédita en la actual democracia en la que se desconocen los pasos concretos que va a dar el Gobierno para evitar ese referéndum que el presidente, Mariano Rajoy, ha avisado "no se va a celebrar". Y para evitarlo- ha añadido- no descarta "nada". El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le ha contestado: "Cataluña responderá con un tsunami democrático con calles llenas de gente".
Tras firmar este miércoles casi de madrugada la convocatoria del referéndum, ya suspendida por el Tribunal Constitucional, las fuerzas independentistas redoblan un día después su desafío con la aprobación de esta Ley de Transitoriedad, la principal de las 'leyes de desconexión' con España, que prevé el futuro marco legal catalán alternativo al español, en caso de que gane el 'sí' en el hipotético referéndum. El articulado determina que "Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social" y que el president o presidenta de la Generalitat será el jefe de Estado. Contempla una amnistía para los investigados o condenados por el proceso soberanista y que el Ejército español debe abandonar Cataluña.
Tal y como ocurrió este miércoles con el debate de la ley del referéndum, esta Ley de Transitoriedad ha salido adelante gracias a los 71 votos de Junts pel Sí y la CUP y 10 en contra de Catalunya Sí que es Pot, en un pleno que han abandonado durante la decisiva votación Ciudadanos, PSC y PP.
Toda la oposición ha vuelto a insistir en que con las leyes aprobadas y con el procedimiento utilizado para ello "se ha partido en dos la democracia en Cataluña", "se han pisoteado los derechos de los diputados del Parlament de forma abusiva" y "se ha enfrentado a los catalanes".
"Circo impropio de una democracia", "estrategia de agitación", "farsa", "esperpento", "principal amenaza de la Unión Europea", "coche sin frenos" y "despropósito jurídico" han sido algunas de las frases lanzadas por los partidos de la oposición a los independentistas, que han repetido durante todo el día como un mantra: "El proceso sigue y habrá consulta. Nada podrá impedirlo".
La líder de Ciudadanos y de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha puesto en valor la unión de "toda la oposición" frente al reto independentista y ha espetado a Puigdemont que "incluso muchos catalanes independentistas creen que han pasando todas las líneas" hasta llegar a la "desobediencia".
El líder del PSC, Miquel Iceta, ha acusado al Govern de "liquidar" la Constitución y el Estatuto de Autonomía catalán, y el del PP, Xabier García Albiol, los ha llamado "golpistas" y echado en cara querer "imponer un modelo político y social mezcla entre bolivariano y régimen autoritario".
Estos tres grupos, que han vuelto a quejarse de que la sesión plenaria no ha cumplido con los trámites reglamentarios legales, tal y como ha reconocido el propio Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament, se han mostrado unidos en el discurso y han aplaudido juntos, puestos en pie y al grito de "democracia", una dura intervención del portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela contra los planes de JxSí y la CUP, que en cambio ha generado malestar entre diputados de su propio grupo, como el líder de Podem, Albano Dante Fachin.
"Estoy dispuesto a partirme la cara para que ustedes voten sobre la independencia de Cataluña, pero no si pisan los derechos de los diputados", ha dicho Coscubiela en la intervención más aplaudida de la jornada.
La portavoz de JxSí, Marta Rovira, ha acusado a la oposición de "filibusterismo brutal" para "obstruir el debate parlamentario" y el diputado de la CUP Benet Salellas ha afirmado que "las querellas de la Fiscalía General del Estado y las amenazas de los tribunales" no les dan "ningún miedo ni condicionarán".
Respuesta del Estado de derecho al desafío independentista
Ante el desafío soberanista materializado ya en las leyes de ruptura, el Tribunal Constitucional ha suspendido la convocatoria del referéndum y ha avisado al Govern, a más de 60 altos cargos de la Generalitat, a la Mesa del Parlament, a los 947 ayuntamientos catalanes y a los Mossos d'Esquadra de que en caso de desobedecer se enfrentan a responsabilidades penales. Por su parte, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado una querella criminal contra Puigdemont y el resto de miembros del Govern por firmar el decreto de convocatoria de la consulta.
Además de las actuaciones judiciales, el Gobierno ha asegurado que actuará con "contundencia" ante "el mayor ataque de la historia reciente a nuestro pacto de convivencia". En una declaración institucional, Rajoy ha advertido que, "ante la gravedad" del momento, "nadie va a vacilar a la hora de cumplir con su deber". "La democracia responderá y lo hará con firmeza, con aplomo, con serenidad y con dignidad", ha querido dejar claro, para agradecer posteriormente el apoyo ofrecido por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que han acudido a la llamada del presidente a La Moncloa.
Por otro lado, el Gobierno ha pedido a todos los alcaldes de Cataluña que no pongan sus locales a disposición de la consulta "ilegal", después de que el presidente de la Generalitat haya comunicado por carta a los regidores que el Govern prevé utilizar los colegios electorales habituales en todo proceso electoral, dándoles 48 horas para confirmar la disponibilidad de los mismos. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ha atendido aún esa petición del Govern, pero más de 560 alcaldes, según el Govern, han mostrado su apoyo al referéndum de independencia. Son más de la mitad de los ayuntamientos de la comunidad autónoma.
Bruselas, por su parte, ha dejado claro que "cualquier acción contra la Constitución de un Estado miembro es una acción contra el marco legal de la Unión Europea", tal y como ha asegurado el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.
A pesar de las resoluciones judiciales y de los avisos del Gobierno, las fuerzas independentistas han señalado que van a seguir adelante con su proceso soberanista y aseguran que las denuncias "no alteran nada".
"No suspenderán la democracia en Cataluña, ningún consejo de ministros, ningún tribunal, ni ningún órgano desprestigiado", ha afirmado este jueves Puigdemont, mientras su conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha avisado: "Ya puede tronar, nevar o hacer mucho viento. Nosotros haremos esto porque es nuestro contrato con los ciudadanos de Cataluña".
La Generalitat ha seguido dando pasos este mismo jueves en la organización de la consulta y ha publicado en su web del referéndum la papeleta de la votación y otros detalles de la organización, a la vez que ha abierto el proceso de selección de personal voluntario para su organización. En el apartado de "quién puede votar" se indica que lo podrán hacer aquellos mayores de 18 años inscritos en el censo electoral. Además, el Govern cifra en 16.000 el número de voluntarios inscritos ya para la consulta.
Tras estos dos días históricos Gobierno y Govern darán pasos: el primero para evitar un referéndum que dicen "no se va a celebrar nunca" y el segundo, para saltarse la legalidad vigente en el Estado y poner urnas. El 1 de octubre es la fecha fijada en el calendario para saber cómo acaba el choque de trenes.
