"El alquiler de vivienda vacacional es una modalidad que en sí misma no tiene por qué ser negativa para la población, que tiene aspectos muy interesantes como la democratización de los beneficios del turismo, pero desgraciadamente puede generar efectos perversos cuando se establece sin estudios previos, sin control y sin fundamento", ha asegurado en la sesión plenaria del Parlamento celebrada este miércoles, en la que ha anunciado que el Grupo Parlamentario presentará una moción con propuestas al respecto.
Según la diputada, estas consecuencias infames las "sufren especialmente las niñas y niños, al ser el colectivo más vulnerable en todos los aspectos y que tienes el derecho a tener un hogar y una vivienda"
Del Río ha recordado que "se piden fianzas de 6 meses, casas que se alquilan por habitaciones a 200 euros o 450 euros al mes, como pasa en Playa Blanca, Playa Honda o Arrecife, o que "se alquilan sin contrato, sin derechos para las personas arrendatarias" e, incluso "viviendas que no alquilan a familias con niños y niñas".
75 millones para incrementar el parque público
Por ello, la diputada ha exigido al Ejecutivo una "regulación exhaustiva del alquiler vacacional para buscar un equilibrio con el derecho a una vivienda digna", tal y como lo recoge el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Así, Del Río ha propuesto la "creación de bolsa de vivienda social, mediante el acondicionamiento de viviendas en manos de la banca rescatada para que cumplan su función social", además de la "expropiación del uso, que no de la propiedad de las viviendas vacías por prolongado espacio de tiempo en manos de grandes tenedores y entidades financieras".
Además, y al iniciarse el trámite de presentación y debate de las enmiendas parciales de los Presupuestos de Canarias para 2018, "no podemos perder la oportunidad de ser valientes y dar un paso hacia adelante con un plan de choque que ayude a paliar esta situación, por lo que solicitamos 75 millones para el Instituto Canario de la Vivienda para dotarnos de un parque de vivienda pública que se pueda poner en alquiler de forma inmediata".
"Comprando esas viviendas, que hoy son posesión de los bancos pese al baldío esfuerzo, sacrificio y dinero de toda la ciudadanía, se puede agilizar su construcción, lo que además tiene efectos positivos tanto para la generación de empleo, como para satisfacer la demanda. Es un derecho para la población y una obligación para nuestras administraciones", ha asegurado.
Gentrificación y nuevo perfil de los desahuciados
Según la diputada, en estos momentos está al alza la "gentrificación, que es la expulsión, por incapacidad de competir en precio, de gran parte de población trabajadora que al no poder hacer frente a un alquiler", dando lugar a .que se creen "ghettos de personas trabajadoras en situación precaria, mientras que las zonas más céntricas o con mejores servicios se destinan exclusivamente al turismo o a las clases económicamente privilegiadas".
Esta situación propicia "un nuevo perfil de la persona o familia desahuciada, familias estructuradas, con trabajo, salarios medios y fuertes vínculos entre la población, pero incapaces de hacer frente a alquileres que rondan los 800 euros".
"La gente no pude esperar, los planes a medio y largo plazo con respecto a la vivienda son necesarios, pero ante problemas excepcionales necesitamos respuestas también excepcionales", ha concluido Del Río.
