"Se argumenta que no existen pruebas de la condición de activista de los saharauis, pero el hecho de haber solicitado el asilo político siendo saharauis implica serias represalias a su regreso a Marruecos", afirman desde la organización de la izquierda canaria.

La coalición progresista recuerda al gobierno español que "tiene que cumplir con sus obligaciones en materia de derecho internacional y proteger a los refugiados políticos. Asimismo, España sigue siendo la administradora del Sáhara Occidental y no puede inhibirse ante los continuos abusos y violaciones de Derechos Humanos que la policía y los servicios secretos marroquíes perpetran en un territorio sobre el que no tienen ninguna jurisdicción".

IUC reclama al gobierno de España que atienda las reivindicaciones y las necesidades de la población y los activistas y rompa las relaciones diplomáticas y económicas con el Reino de Marruecos hasta que éste cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas y se retire de los territorios ocupados del Sáhara Occidental.