"La realidad es que desde que se inició este modelo formativo, los centros colaboradores integrados en la red son de naturaleza privada en más de un 90 por ciento", afirmó Déniz.
Dudosa, irregular y sospechosa trayectoria
Un modelo que facilita que las entidades privadas reciban anualmente "una subvención en torno a los casi 33,5 millones de euros, lo que es un dato para acercarnos a esta realidad de dudosa, irregular y sospechosa trayectoria en Canarias".
Por ello, el Parlamento ha aprobado, entre otras cuestiones, que el SCE garantice que "el 40 por ciento de la subvención de cada acción formativa se destine íntegramente a la contratación directa del personal docente", así como "diversificar la impartición de horas de contenidos teóricos y práctico-profesionalizadores" para acercar más la formación a la realidad de la ocupación "con más horas prácticas fuera del aula de teoría".
"Nuestros centros integrados de FP deben acceder a esos cursos para revitalizarlos, para que con parte del dinero se modernicen nuestras herramientas e infraestructuras y ponerlos en valor", insiste Déniz.
En este sentido, la Cámara ha respaldado "crear espacios formales regulados para intercambio, seguimiento y mejora de la calidad" de la formación de los desempleados, con "personal técnico que coordine, oriente, evalúe y establezca directrices a profesores y centros colaboradores".