En pleno debate social e institucional sobre el borrador del decreto que prohíbe la vivienda vacacional en suelo turístico y sin resultados conocidos sobre el compromiso adquirido por Clavijo, en septiembre del pasado año, para elaborar un estudio con el que reflexionar sobre la capacidad de carga de cada isla; Román Rodríguez cuestionó los motivos que han llevado "ahora" al Gobierno de CC a activar la tramitación del Proyecto de Ley (PL) por el que se deroga el Apartado c) del Artículo 4.2 de la Ley 2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, "congelada" desde el 21 de febrero de 2017.
Una propuesta legislativa que, con la excusa del cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), el Ejecutivo de Clavijo opta por "eliminar todos los límites" para la construcción de nuevas instalaciones turísticas en suelo calificado, tal y como recordó. Ante este escenario, el grupo nacionalista de izquierdas registró una enmienda a la totalidad que será defendida en el pleno que comienza el próximo martes.
Román Rodríguez mantendrá la petición de devolución del PL al considerar que "choca de frente" con el principal reto del sector, la renovación de las instalaciones obsoletas, así como con el crecimiento limitado y de calidad. Propugna, como la Ley del Suelo y la de las islas verdes, el desarrollismo y el consumo de suelo, denunció.
El portavoz nacionalista desechará la apuesta que hace el gabinete de CC en este texto por un "modelo de masas, que consagra la barra libre". Pero también planteará que la aplicación de la sentencia del TC, que obliga a reformar la norma turística, tiene "otra alternativa" al modelo de los 20 millones de turistas elegido por Clavijo. La legislación europea como el Constitucional, observó, permiten fijar límites al crecimiento basados en el interés general por razones territoriales, medioambientales, urbanísticas y de capacidad de carga, es decir, apuestan por un desarrollo sostenible.