El portavoz de Hacienda y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, recuerda que el Gobierno de Canarias aprobó el pasado día 12 un paquete de medidas para mejorar la recaudación por vía ejecutiva de Canarias y la lucha contra el fraude fiscal, con el objetivo de diseñar protocolos y procedimientos que eviten "situaciones inéditas" ocurridas en los últimos años en la Hacienda canaria, como la disminución drástica de la gestión de la recaudación, que afecta y hace disminuir los recursos de ayuntamientos y cabildos insulares.
Las propuestas, incluidas en el informe de fiscalización de la Empresa Pública Gestión Recaudatoria de Canarias (GRECASA) realizado por la Audiencia de Cuentas, suscritas con el resto de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de Canarias y aprobadas por unanimidad, inciden en mejorar la gestión de la Comunidad Autónoma, y garantizar un grado óptimo de prestación de servicios a la ciudadanía.
Para Lavandera, los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria Canaria, a una solicitud de información del diputado, son "inadmisibles" con respecto a la recaudación ejecutiva ingresada por la Comunidad Autónoma de Canarias sobre todo en 2017 y 2018, donde "sólo fueron capaces" de recaudar 29,5 millones de euros y 49,8 millones de euros, respectivamente, frente a una media anual de 59 millones de euros que se volvió a recuperar en 2019.
"La anterior consejera de Hacienda, y máxima responsable de la empresa pública GRECASA, Rosa Dávila, renunció a 40 millones de euros entre el año 2017 y 2018, perjudicando la financiación de los servicios públicos y a las corporaciones locales", denuncia el diputado socialista.
Entre las medidas aprobadas, se incluye instar al Gobierno de Canarias a que presente un informe ante el Parlamento canario que justifique que no hubo supuesto de incumplimiento o de demora en la ejecución del contrato del software desarrollado para la recaudación ejecutiva de GRECASA, cuyo informe de fiscalización deja patente que no se alcanzaron los objetivos previstos en el pliego de la prestación del servicio.
En el caso de que hubiese incumplimiento parcial o defectuoso de demora en la ejecución del contrato, se solicita que se informe si se exigieron penalidades o reclamación de indemnización por daños y perjuicios.
Asimismo, se insta a la Agencia Canaria Tributaria a que "dada la gravedad" del descenso de actividad en 2017 por la drástica disminución de la gestión recaudatoria en ejecutiva, afectando con ello a la Hacienda pública canaria y a los recursos de las corporaciones locales con convenios con GRECASA, se diseñen los protocolos y procedimientos necesarios para que esta situación "inédita" en la gestión de la Hacienda pública "no vuelva a ocurrir".
Por su parte, se insta a la Agencia Tributaria Canaria a realizar una adecuada evaluación del dimensionamiento de los recursos humanos en el área que gestiona la recaudación en vía ejecutiva, así como la mejora de instrumentos de control de gestión disponibles para disminuir la tramitación de los procesos y de sus costes.
Además, se insta al Gobierno de Canarias a implantar un sistema que permita el seguimiento de las actuaciones encomendadas a GRECASA por la Agencia Canaria Tributaria, y que se evalúe y justifique la necesidad de externalización de la contratación externa de aplicaciones informáticas y su mantenimiento.
El paquete de medidas propuesto por los socialistas también incluye que el Ejecutivo autonómico entable líneas de colaboración "más activas" con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y que se pueda beneficiar con ello del actual proceso de impulso de transformación digital del departamento de informática de la AEAT.
