Con 222 sociedades cooperativas de alta en la Seguridad Social en las islas, en los sectores de comercio y hostelería, servicios auxiliares y el primario, con un total de 4.435 personas trabajadoras; el portavoz parlamentario de NC dijo ha sido "inteligente" elaborar un proyecto de ley propio a pesar de que se trata de la fórmula societaria más representativa de la economía social.
La razón, en opinión de Campos, es que incorpora la participación democrática de las personas socias en las decisiones empresariales. "Cada persona, un voto que cuenta en las decisiones" de un modelo, cuyos principales valores son la gestión participativa y la solidaridad, destacó el diputado del grupo canarista progresista.
A lo largo del tiempo, las cooperativas han demostrado, según Campos, que son "más resilientes y con una capacidad mayor" para adaptarse en periodos críticos como el actual. Por este motivo, entiende que son una herramienta importante para la recuperación económica y social y para contribuir al desarrollo de la Agenda de Desarrollo Sostenible de Canarias.
Con una preponderante implantación en el sector agrario canario, Luis Campos cree que es el momento de dar un "salto adelante" para que, entre otras razones, los jóvenes vean en el cooperativismo una opción laboral y empresarial.
También como una alternativa para responder a las personas y familias con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre a través del modelo de vivienda colaborativa, en la que un grupo de personas, con afinidades y formas de vivir similares, proyectan unas viviendas unifamiliares, organizadas como una comunidad eficiente y sostenible.
Los aspectos más sobresalientes del proyecto de ley remitido por el Gobierno de Canarias al Legislativo, para el portavoz de NC, son que Canarias se dotará por primera vez de un texto propio, que se podrán constituir a partir de dos socios, la simplificación de los trámites burocráticos y la apuesta por el impulso de un modelo escasamente implantado en el Archipiélago.
Luis Campos avanzó la elaboración de enmiendas parciales que sirvan para mejorar el texto gubernamental.