La diputada ha explicado que se trata de un decreto de límites porque lo que hace es limitar la reconstrucción a los municipios afectados y deja fuera la realidad que padecen los afectados. Por ese motivo, ha exigido su tramitación como proyecto de ley, que es lo que han pedido los vecinos, asociaciones y plataformas a los distintos grupos parlamentarios porque es así como se podrán hacer los cambios necesarios que atiendan y tengan en cuenta las demandas justas de estas personas que, en muchos casos, lo han perdido todo.
La portavoz ha recriminado al Gobierno que practique "políticas propias de finales siglo XVIII" del despotismo ilustrado. "Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Todo para los palmeros pero sin los palmeros". Espino no ve ningún tipo de justificación en que se tomen decisiones sobre el futuro de estas familias daminificadas por el volcán, en los despachos y alejados de las reclamaciones de los damnificados.
También considera "inaceptable" que para la elaboración de este decreto no se haya consultado con la Plataforma de Afectados, con la Asociación Volcán de Cumbre Vieja, ni con ninguna de las organizaciones de vecinos. Lo grave no es solo que no se les consultara, sino que ni si quiera se les informara de lo que iban a hacer y que tuvieran que enterarse del decreto por los medios de comunicación, una vez aprobado".
La portavoz ha advertido que, con este decreto, el Gobierno vulnera varias leyes que obligan a la administración a la participación de los ciudadanos en normativas que afectan al suelo y el urbanismo. "Ustedes, los que mandan, no quieren que se oiga la voz de los palmeros, como pudimos comprobrar en el último pleno cuando a falta de 30 segundos se decidió cortar la emisión de un vídeo donde los propios afectados hacían públicas sus demandas.
Este decreto deja fuera a municipios no afectados por el volcán cuando muchos de ellos pueden tener terrenos en otras partes de la Isla con lo que esta delimitación territorial "supone un bloqueo para que puedan construir su vivienda y rehacer sus vidas". Por tanto, la reconstrucción no se puede limitar a los municipios afectados sino hacer extensiva a toda la Isla, ha señalado. En ningún caso, los términos municipales deben de suponer una limitación a los derechos de los afectados y "menos cuando se trata del derecho de acceso a la vivienda, derecho constitucional garantizado en el articulo 47 de nuestra constitución".
Otra limitación del decreto, a la que se ha referido Espino es que solo tiene en cuenta la vivienda habitual, cuando hay unas 1600 viviendas afectadas con lo que si se restringe únicamente a esa vivienda habitual, se quedarían en 600 viviendas, las que se pueden reconstruir. ¿Por qué no han contemplado las viviendas turísticas, de alquiler o de turismo rural que tan importante son para la economía de La Palma?, ha preguntado.
En relación a los plazos, no se le pone ninguno a la administración para realizar las permutas pero sí a los afectados a los que se establece un plazo máximo de 18 meses para la presentación de solicitudes y proyectos. "Son personas que acaban de perderlo todo, no tienen recursos económicos, deben empezar de cero y orientarse nuevamente", ha recordado la diputada.
