"No quieren una televisión al servicio de los ciudadanos sino una televisión para hacer negocio. No quieren que cambie el modelo, ni que los servicios informativos sean totalmente públicos, ni que el Parlamento pueda debatir sobre esta cuestión", ha denunciado Espino. "Lo único que les importa es que la televisión siga siendo manejada por una sola persona, el administrador único, repartiendo millones a su antojo, 60 millones de presupuestos cada año, sin junta de control que fiscalice y sin mandato marco por parte del Parlamento de Canarias".
La diputada ha recordado que el motivo por el que estos partidos no quieren que los parlamentarios trabajen en el mandato marco es "porque hay un nuevo concurso en marcha, una nueva adjudicación por 58 millones de euros para seguir contratando, de forma externa, las instalaciones y equipos que ya están obsoletos". Igual que en su momento impidieron que se constituyese la Junta de Control, "ahora impiden que se designe la ponencia", ha añadido.
Lo que no les gusta del informe de la Audiencia de Cuentas, que en todo caso es preceptivo y no vinculante, "es que la diferencia económica del coste de ir a unos servicios informativos totalmente públicos es solo de 800.000 euros, un coste asumible. Por tanto -ha dicho Espino- es cuestión de "voluntad política" que la televisión canaria siga siendo un negocio con empresas privadas donde se gastan cientos de millones de euros o que sea un modelo de televisión totalmente publica al servicio del interés general. "Es una decisión política que no quieren asumir y ni siquiera permiten el debate".
Tanto que dicen defender lo público "lo que están haciendo es defender el negocio que tienen actualmente", ha insistido la portavoz que considera vergonzoso que los partidos cedan a las presiones y se escuden en el informe de la Audiencia de Cuentas, al que ni en la votación del pasado lunes 2 de mayo ni antes habían puesto ninguna objeción.
Al achacar "deficiencias" y pedir un nuevo informe externo se "está cuestionando la profesionalidad de la Audiencia de Cuentas que es el máximo órgano auditor de la Comunidad Autónoma" ha destacado Espino que ha insistido en que este informe se realizó en base a otro anterior que solicitó el presidente del Parlamento al administrador único para que especificara qué aspectos debía analizar, por lo que este se elaboró atendiendo a los parámetros que el propio administrador indicó que había que medir. El informe tuvo el visto bueno de la Mesa que lo admitió a trámite el pasado 24 de enero y, en todo este tiempo, casi cuatro meses, ninguno de los grupos ha cuestionado sus conclusiones.
