"Si bien es verdad" que, en NC, "entendimos" que el Proyecto de Ley de los PGE de 2022 fue un "buen punto de partida que necesitaba ser corregido", Esther González recordó que, durante la tramitación de las enmiendas parciales en el Congreso de los Diputados y gracias a las negociaciones lideradas por Pedro Quevedo, se lograron "mejoras sustanciales" en cumplimiento de la agenda canaria y de los intereses generales de la comunidad.
Citó, entre las más relevantes, la dotación de todos los programas económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y que Canarias "de nuevo, y gracias a los acuerdos presupuestarios estatales de NC anteriores", estuviera por encima de la inversión media territorializada del resto de las comunidades de régimen común. También el incremento de 100,45 millones de euros, que se sumaron a las partidas de gasto iniciales contempladas en el proyecto de ley.
Estos últimos englobaban los 4,5 millones de euros para los municipios afectados por la erupción volcánica de La Palma del Valle de Aridane, 1,5 millones de euros para el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y un aumento de 20 millones de euros para educación, de los que 10 millones de euros fueron para las dos universidades públicas.
Se elevaron en 18 millones de euros las partidas originales para el sector agrario, 13 millones de euros más para cultura, infraestructuras y actividades musicales. Otros cinco millones de euros más para los 30 millones de euros iniciales para combatir la pobreza, 15,2 millones de euros de aumento para las políticas medioambientales así como otro conjunto de inversiones para diversos municipios de todo el Archipiélago.
Según Esther González, "ahora la base de partida", es decir, el "tratamiento mínimo" de Canarias en el proyecto de ley de los presupuestos estatales para 2023, que aprobará próximamente el Consejo de Ministros, tiene que ser lo contemplado en la ley de 2022 en vigor, que salió de la Cámara Baja con las enmiendas de NC.
Los últimos presupuestos del Gobierno estatal en esta Legislatura, tal y como demandó González, deben cumplir la agenda canaria suscrita por NC con el PSOE que garantizó la investidura de Sánchez, la estabilidad política y el cumplimiento de los contenidos programáticos compartidos con el pacto gubernamental.
La portavoz económica citó la actualización, para 2023, de las partidas económicas de los programas del REF. También la transferencia de, un mínimo de 238 millones de euros para gasto corriente, "pendiente" del acuerdo sobre la ejecución de los 507 millones de euros de una de las sentencias sobre el convenio de carreteras.
Observó además que aún no se ha concretado otro acuerdo para incorporar 407 millones de euros como adenda al vigente convenio de carreteras con el Estado (2018-2027) y que se ejecutará en 2026 y 2027.
Para Esther González, son importantes otras enmiendas que el Ministerio de Hacienda se negó a incluir en los PGE de 2022. Entre ellas, la devolución del IGIC a los afectados por la quiebra de Thomas Cook, las bonificaciones de las tasas aéreas, la materialización de otras ayudas para La Palma y cuestiones del fuero pendientes como el restablecimiento de la autorización del comercio triangular en la Zona Especial Canaria (ZEC). Indicó, con respecto a esta última reivindicación, que finalmente se ha traducido en una proposición de ley del Parlamento de Canarias, remitida a las Cortes Generales para su tramitación.