El edil ecosocialista afirma, al igual que han hecho los representantes de organizaciones como Ben Magec, que esta obra es absolutamente irregular, que no ha tenido en cuenta la legislación vigente, especialmente desde un punto de vista ambiental, y que además representa un gasto económico absolutamente insostenible para la Isla. Eso lo tuvimos bastante claro en el anterior mandato, por ello "logramos evitar que se destinaran fondos municipales para una obra que nos parece injustificada y digna heredera de las políticas basadas en el cemento, que han defendido desde el PP y el PSOE granadillero".
"Esta macro infraestructura innecesaria y destinada a fomentar la especulación urbana ejercida por el actual grupo de gobierno y que junto con puertos deportivos y campos de golf se ha sido la moda inversora para los especuladores que generaron esta crisis" afirma.
Desde Sí se puede siguen considerando que esta obra carece de cualquier justificación económica o social, un despropósito que sólo beneficia a unos pocos.
Cabrera cree en las posibilidades reales del municipio basadas en "un desarrollo equilibrado y respetuoso con nuestros valores naturales, etnográficos y sociales. No queremos un circuito de Alta Velocidad junto a las viviendas, ocupando un excelente suelo agrícola y valiosos espacios naturales, generando contaminación y molestias, sin ninguna utilidad o beneficio real para los granadilleros, que solo nos quedaremos con contaminación acústica, aérea y más de un millón trescientos mil metros cuadrados de nuestro suelo cubiertos de cemento y piche". En este sentido, anuncia que va a solicitar toda la información existente en el Ayuntamiento sobre esta obra realizada a toda prisa y una vez analizada presentarán las acciones legales que consideren oportunas, ya que "no podemos permitir que se haga un nuevo monumento al desarrollismo salvaje en el que se tirarán decenas de miles de euros públicos", calculándose que el Cabildo ha invertido ya unos seis millones de euros en el proyecto.
Al concejal le parece que "en este momento, donde proyectos similares en otros países se están dejando en el olvido o abandonando, que se haya iniciado la obra cuando todavía no se ha licitado y no existe un inversor privado que invierta los más de 31 millones de euros que supuestamente costará la obra. Nos parece realmente un brindis al sol que nuevamente aplica la política de echos consumados para hacer irreversible cualquier alternativa de uso a esta zona de Atogo".
Recuerdan finalmente que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 19 de junio de 2006 aprobó toda una serie de condicionantes ambientales que no se están cumpliendo, donde se destacaba que "el impacto acústico es uno de los más importantes que se van a producir como consecuencia de la futura instalación y funcionamiento de este Centro del Motor, es absolutamente imprescindible que el futuro Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Constructivo de este Centro contemple un estudio riguroso de este capítulo, particularmente centrado en las afecciones a los núcleos de población y zonas productivas colindantes con el área de actuación durante la fase de funcionamiento y realización de pruebas del motor y/o multitudinarios eventos de otra índole" algo que dudamos seriamente que se haya realizado.
