La gratuidad del transporte terrestre en las islas, según Esther González, es una medida "buena" para la ciudadanía que "merece ser aplaudida". Pero hay un problema grave, observó, porque se ha decidido "sin disponer" las necesidades previas destinadas a mantener la calidad del servicio prestado. Ha faltado rigor, cuestionó la diputada de Nueva Canarias.
La puesta en marcha implica, tal y como explicó, un desembolso importante de dinero porque, para responder al considerable aumento de usuarios, es preciso adquirir nuevos vehículos, aumentar la plantilla de conductores y demás personal preciso así como las cocheras, entre otras infraestructuras obligatorias. Una millonaria inversión, observó, "imposible" de amortizar en un año que conlleva otra dificultad añadida de eliminarse la gratuidad de las guaguas y el tranvía el 31 de diciembre de 2023. "¿Cómo se hará frente" al aumento del coste de personal y flota adquirida?, preguntó González.
Hay otro inconveniente que deberán afrontar las operadoras ante la falta de liquidez, alertó González. Las empresas afrontan los gastos derivados del servicio como el combustible, las nóminas y los seguros, entre los principales, con la recaudación obtenida por la venta de los títulos multiviaje (las tarjetas monedero); detalló la parlamentaria de Nueva Canarias.
A partir del próximo 1 de enero, ya no tendrán estos ingresos. Si las empresas carecen de liquidez se verán obligadas a endeudarse y además ese coste financiero engrosará las pérdidas, apercibió Esther González. Las bonificaciones de los organismos públicos no se cobran por adelantado, agregó.
Esta imprevisión, para Esther González, afectará a la calidad del servicio del transporte público por carretera en el Archipiélago.