El nuevo auto del Tribunal Supremo (TS) rechaza conceder la suspensión cautelar de dicho Real decreto, porque entiende que las medidas de protección y evaluación de impacto que el Ministerio de Industria ha exigido al operador "no permiten inferir que se vaya a ocasionar un daño al medioambiente que resultase irreparable".

Los populares recalcan en un comunicado que el propio Tribunal explica que "siendo incuestionable el valor ecológico de las Islas Canarias y la relevancia del sector turístico, pesquero y portuario para su desarrollo, no cabe eludir que la producción y explotación de hidrocarburos representa un factor económico de especial significación para definir la riqueza de un país, que requiere promover la investigación de yacimientos de esta clase de recursos en áreas concretas como marca la Ley de Hidrocarburos".

El PP majorero piden al presidente del Cabildo, Mario Cabrera, que rectifique y "deje de despilfarrar el dinero de todos", además de que "exijan a Madrid las máximas garantías medioambientales si finalmente existe petróleo en aguas cercanas a Fuerteventura y Lanzarote".

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso/ Administrativo del TS ya se pronunció en su auto del 4 de junio en relación con los incidentes de ejecución de sentencia planteados por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, resolviendo que "el Real Decreto 1462/2001 no fue declarado nulo en su totalidad sino del modo parcial" y que en el Real Decreto 547/2012 aprobado por el Consejo de Ministros "no se ha tratado de eludir sino de dar cumplimiento a la sentencia corrigiendo la omisión destacada por la sala".

"Esto es algo que ya advertía el grupo popular y, a pesar de todo, decidieron presentar dos recursos, por separado gastarse 94 mil euros en la defensa letrada, y más de 35 mil euros en pegatinas, camisetas y el pago de alojamientos y billetes para que un medio público de Canarias jalee a la gente durante una semana y que la ciudadanía acuda a la manifestación", subraya la presidenta insular, Águeda Montelongo.

El contenido del auto del TS, según los populares, "aventura una futura decisión sobre el eventual recurso directo que pretende presentar el Cabildo de Fuerteventura contra el Real Decreto, ya que en el mismo, se establece que la actuación del Gobierno no ha hecho sino subsanar los defectos de los que adolecía el Real Decreto del 2001 y, por lo tanto, cumplir con la legalidad vigente para otorgar los permisos".

"El Tribunal ya está avisando que el Decreto se ajusta a Derecho por lo que no entendemos qué va a hacer el Cabildo de Fuerteventura presentando alegaciones que, según la sentencia, son irrelevantes y carentes de fundamento jurídico. Aún así, vamos a gastarnos 90 mil euros", insisten.