El 27 de mayo el TSJC emitió un auto donde desestimaba la petición del Alcalde que alegaba que la sentencia no se podía ejecutar y dio 60 días al consistorio para aprobar un estudio de derribo de parte del Centro Comercial. "El TSJC no sólo pedía que se ejecutara sino que además rechazaba la propuesta de convenio que se recoge en el Plan General de Ordenación que actualmente está en revisión porque este convenio no puede regularizar una situación que cuenta con una sentencia firme".
Por este motivo, el auto fija un plazo de 60 días para que el Alcalde presente un proyecto de demolición advirtiéndole de una sanción de 1.500 euros y responsabilidad penal si no la acata.
Tras agotar los 60 días otorgados por la Sala en un auto que obligaba al Alcalde a presentar dicho proyecto de derribo, el consistorio capitalino alega ahora "que la complejidad de las actuaciones obliga a contratar la redacción de un proyecto definitivo porque lo que existe hasta ahora es un estudio", según reza en el escrito remitido por el Alcalde al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº3 de Las Palmas.
"Ahora dicen que es sólo un estudio pero, al menos, reconocen en su escrito que estamos ante un problema que puede acarrear enormes dificultades económicas para todos los vecinos del municipio, que somos quienes pagaremos este desastre".
En el pleno extraordinario solicitado por los grupos de la oposición, el grupo de gobierno explicó que el Ayuntamiento pagó más de 50.000 euros por uno de los estudios de derribo y que, de las opciones escogidas por el Alcalde, derrubar parte de la estructura costaría 4.400.000 euros", explica el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario Carlos Figueroa.
"En el escrito aseguran además que han presentado un recurso de apelación, pero aquí nadie informa a los vecinos ,a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. Queremos saber, pasados esos 60 días, cuál es el siguiente paso. ¿Tendremos que pagar 1.500 euros diarios? ¿Van a encargar el proyecto de demolición? ¿A quién? ¿Cuál es la postura del Alcalde?¿Qué nos espera a los vecinos, a los comerciantes a los trabajadores del centro comercial?".
"Jamás hemos recibido ni una sola explicación por parte del grupo de gobierno que actúa a escondidas, sin transparencia. Es un asunto muy importante del que el Alcalde debió dar explicaciones hace mucho tiempo a todos los vecinos del municipio, trabajadores afectados y comerciantes".
Figueroa entiende que "desde hace 7 años el Alcalde ha estado evadiendo su responsabilidad. El concedió la licencia, el ha sido Alcalde cuando se recibió la sentencia hace 7 años y, en ningún momento ha informado al pleno de estos procedimientos judiciales en los que está en curso el municipio de Puerto del Rosario".
"Morales no puede seguir escondido detrás de fotografías y propaganda mientras se hipoteca el Ayuntamiento de Puerto del Rosario porque él no pagará las costas. Las pagaremos todos los vecinos".