El presidente de la corporación invitó a la consejería de Industria a hacer propuestas técnicamente fundadas, jurídicamente viables y, sobre todo, negociadas. ''No aceptamos imposiciones. La mejor solución es siempre la que pasa por la negociación. El Cabildo está abierto al diálogo siempre y cuando se cumplan dos condiciones innegociables: que no se dañe ni a la población ni al territorio. La defensa, conservación y el mimo con que debemos cuidar un territorio tan frágil como único es nuestro compromiso y en él nos sabemos respaldados por toda la sociedad majorera'', explicó Morales, que se mostró muy crítico, tanto con Industria como con REE.
Por su parte, el vicepresidente y consejero de Turismo y Ordenación del Territorio, Blas Acosta, recordó que ''los ciudadanos nos han puesto aquí para defender sus intereses y los de Fuerteventura frente a la chulería de empresas y lobbies, que lo que tienen que hacer es garantizar la producción eléctrica y el transporte de la energía en el marco del Plan Insular vigente. A partir de ahí siempre estaremos dispuestos a llegar a acuerdos''.
El alto tribunal falla a favor de la corporación insular y condena a la Administración demandada y a la entidad codemandada al pago de las costas. Señala la sentencia cómo 'no consta en el expediente ni se ha justificado de otra forma que el Gobierno de Canarias, al decidir que procedía la ejecución del proyecto, haya ordenado la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del PIOF' (...) ''solo mediante tal revisión se dota de contenido a la declaración de interés general''. Concluye el texto que ''ciertamente la obra de que se trata es esencial para el desarrollo de la isla y por ello, cuando el Gobierno de Canarias hace uso de una facultad extraordinaria que conceden las leyes para supuestos de interés general, debe ejercitar tales facultades con preciso cumplimiento de las finalidades y condicionantes que la norma legal impone y siguiendo estrictamente el procedimiento debido''.
El Cabildo de Fuerteventura inició en 2015 un contencioso administrativo contra el proyecto de Red Eléctrica de España en la isla. También el Pleno celebrado el 18 de septiembre de 2017 aprobó, por unanimidad, instar a la Dirección General de Industria y Energía la declaración de oficio de nulidad de las resoluciones que autorizaban a Red Eléctrica de España la instalación de la línea de red de alta tensión Puerto del Rosario-Gran Tarajal, Corralejo-Puerto del Rosario y Gran Tarajal-Matas Blancas.