La iniciativa partió de una propuesta conjunta del Cabildo de Fuerteventura y los seis municipios de la Isla, que consiste, en esencia, en rebajar el peso del criterio de la población y aumentar el del territorio de manera que Betancuria y Antigua, los menos favorecidos en el reparto actual, accedan en mayor medida a esos fondos.
La medida entrará en vigor lo antes posible y tendrá efecto retroactivo a 1 de enero de 2021, por lo que la modificación no afectará la liquidación correspondiente a 2020.
Pérez también resaltó la importancia de que pudiera alcanzarse un acuerdo por unanimidad en esta materia, pues al tratarse del reparto de fondos no siempre es habitual que se generen soluciones de consenso.
Renta de ciudadanía de Canarias
Por último, el Consejo Municipal de Canarias emitió informe favorable al anteproyecto de la Ley de renta de ciudadanía de Canarias, norma que servirá para complementar en el Archipiélago el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Estado.
La futura norma contempla la renta de ciudadanía como un derecho fundamental, de carácter subsidiario a la ayuda que presta el Estado, y de carácter periódico.
Una de sus características más importantes es que cambiará el procedimiento para solicitar la ayuda, de forma que les resulte más fácil a las personas que necesiten pedirla, por una parte, y el trámite comenzará en el Gobierno, en vez de hacerlo en los ayuntamientos, de manera que estos no se verán asfixiados por su aplicación al ahorrarles mucho trabajo.
Al respecto, Pérez resaltó que tan importante como el contenido mismo de la futura ley es el trámite que tendrán que llevar a cabo sus solicitantes, y destacó que, con el informe del Consejo Municipal de Canarias, el anteproyecto consigue tanto un respaldo jurídico a favor de la futura norma como uno social, y remarcó la buena sintonía entre las administraciones locales y el Gobierno de Canarias en esta materia.