La orden ha sido decretada por la concejalía de Urbanismo cuya responsable, Davinia Ramírez (CC) explica que tras el informe emitido por agentes de la Policía Local en la que informaban sobre las obras de vallado perimetral e instalación de material en las zona indicada se constató que existen dos expedientes, uno para la instalación de vallado en las parcelas indicadas y otro para la instalación de un parque fotovoltaico, pero "la entidad no cuenta con licencia previa para el comienzo de las actuaciones a las que se refiere el expediente".
Por este motivo, y con objeto de poner fin a las obras, restablecer la legalidad urbanística y salvaguardar las intereses públicos y de terceros afectados, se ha decretado el precinto inmediato y se concede al promotor un plazo de diez días al objeto de que pueda formular alegaciones o presentar los documentos que estime oportunos, para que se pueda decidir finalmente sobre el mantenimiento, modificación o levantamiento de la medida adoptada.
Ramírez señala que en dicha orden se advierte al promotor que el incumplimiento supondrá la adopción de diferentes medidas tales como la retirada de la maquinaria y los materiales; la imposición de multas coercitivas, cada diez días, por importe de hasta 2.000 euros, dependiendo de las actuaciones urbanísticas que se hayan acometido y se requiere a las compañías suministradoras de electricidad, gas, telefonía... no concedan el suministro de los servicios correspondientes.
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señala que si bien el objetivo de la concejalía de Urbanismo es "tender la mano al empresariado para promover inversiones en el municipio, es también prioritario defender los derechos y el bienestar de los vecinos, en este caso de Juan Grande y El Matorral, que se ven afectados por obras ilegales como ésta.
