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17 Jun

San Bartolomé de Tirajana se reúne con los empresarios del C.C. Metro

San Bartolomé de Tirajana / El concejal de Servicios Municipales, Fernando González Montoro, les informa que no podrán acceder a los locales hasta que lo permita la policía judicial y se levante el precinto municipal que afecta al edificio.

 

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sólo autorizará el acceso a los locales del Centro Comercial Metro para la retirada de los productos perecederos de los supermercados, ordenadores y otros enseres de los propietarios, cuando lo permita la policía judicial.

En estos momentos el centro comercial se encuentra precintado en su totalidad por orden del Ayuntamiento y por mandato policial, en tanto que los agentes de la unidad especial toman muestras para esclarecer los pormenores del incendio que en la madrugada del pasado viernes calcinó las instalaciones de la discoteca Kopas.

Este lunes el concejal responsable del área municipal de Servicios Municipales, Ordenación del Territorio y Políticas Ambientales, Fernando González Montoro, recibió a los representantes y propietarios del Centro Comercial afectados y les informó sobre los antecedentes y la actual situación administrativa que pesa sobre dicho inmueble.

González Montoro les recordó que sobre el C.C. Metro existe una denuncia de una propietaria tramitada el año pasado ante la Delegación del Gobierno, que implicó la apertura de un expediente por parte del Ayuntamiento y la elaboración de sendos informes jurídico y técnico municipales sobre las condiciones de salubridad y seguridad que presenta el Centro Comercial.

El informe municipal sobre el estado estructural del edificio, sus medidas de prevención contra-incendios y sus salidas de emergencia forzó el cierre parcial del Centro Comercial, en concreto de sus plantas bajo rasante por carecer de líneas de evacuación de emergencia. Tras esta actuación, el Ayuntamiento comunicó a la Comunidad de Propietarios el compromiso de subsanación de las deficiencias en el plazo de tres meses.

Al respecto, el edil Fernando González advirtió que este inmueble es una propiedad privada sujeta a un régimen de propiedad horizontal y que es de obligado cumplimiento por parte de su comunidad de propietarios el mantenimiento del ornato y buen servicio del Centro Comercial en su conjunto.

Ruina legal

En el Ayuntamiento se han personado muchos propietarios, inquilinos y trabajadores afectados por el cierre de los locales, pero el Ayuntamiento no podrá autorizar la entrada en el centro hasta que la policía judicial lo permita y lo notifique, y a expensas también de lo que aconseje la mesa de trabajo de los técnicos municipales que tiene previsto reunirse este martes.

"Comprendo que esta decisión genera un daño a los empresarios, pero vamos a intentar tomar una decisión cuanto antes, y que ésta sea lo menos drástica posible para perjudicar lo menos posible a los empleados y sus puestos de trabajo", les dijo Montoro, quien también insistió en que desde el pasado mes de enero la comunidad de propietarios ya tenía que haber solventado las deficiencias en materia de seguridad.

Por parte del abogado de la junta de propietarios se apuntó que el gran problema que afecta al Centro Comercial es el impago por parte de muchos propietarios en las derramas que se precisan para ejecutar las obras de mejora del edificio, y puso como ejemplo que en diciembre pasado se plantearon estudios y obras de reparaciones por valor de 300.000 euros que sólo han pagado entre el 8 y el 10% de los propietarios.

También apuntó el letrado que los informes técnicos privados solicitados por la comunidad de propietarios sobre el coste de las obras de reparación del Centro Comercial indican que el inmueble "se encuentra en situación de ruina legal" porque su reparación superaría más del 50% de lo que costaría tirarlo y reedificarlo. Esta cuestión, añadió, motivó una nueva asamblea general de los propietarios a mediados del pasado mes de mayo, donde se decidió por unanimidad instar al Ayuntamiento el expediente para declarar la ruina legal del edificio para su futura reconstrucción, toda vez que el inmueble aunque quisiera ser reparado -con un coste cifrado en unos 18 millones de euros- no cumple con la normativa actual en la altura y ancho de los pasillos.

Respecto a las diferencias que presentan los comuneros, el edil del área de Servicios Municipales pidió a los propietarios e inquilinos del Centro Comercial que resolvieran sus controversias en el seno de la propia comunidad, y aclaró que en todo caso deberá ser dicho ente privado el que tendrá que tomar las medidas oportunas respecto al edificio, entre ellas la obtención de los informes que estime oportunos para saber -por ejemplo- cómo dañó el reciente incendio a las instalaciones y red eléctrica del edificio.

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